El Juzgado número 1 de lo Mercantil de Badajoz ha declarado el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Carcesa, que tiene unas deudas de 100,13 millones de euros, y ha decidido retirar a la familia Ruiz-Mateos de la gestión de la empresa.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la juez Esther Sara Vila ha requerido además a la empresa para que en el plazo de 5 días aporte las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.
La familia Ruiz-Mateos, que también ha perdido las facultades de gestión y administración en Dhul en favor de los administradores concursales, tendrá cinco días desde la notificación del auto para recurrirlo ante el propio juzgado mercantil. De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2009, Carcesa registró unos beneficios de 316.080 euros.
La empresa, que cuenta con marcas como el tomate triturado Apis y los zumos Fruco, emplea a unos 350 trabajadores en sus plantas de Mérida, Montijo y Don Benito.
Fuentes sindicales mostraron su confianza en que Carcesa vuelva a la normalidad cuanto antes una vez que los administradores concursales se hagan cargo de las fábricas, del mismo modo que Dhul ha vuelto a producir también después de que se admitiera el concurso de acreedores y se han nombrado los administradores concursales.
Carcesa fue la primera sociedad de Nueva Rumasa que emitió pagarés, en febrero de 2009, con los que consiguió ingresar 70 millones de euros.