LD (M. Llamas) El pasado 13 de octubre el Departamento del Tesoro de EEUU se convirtió en un hervidero. El entonces secretario del Tesoro Henry Paulson, bajo la Administración Bush, convocó una reunión de urgencia con los consejeros delegados (CEOs) de los nueve principales bancos del país. A la cita, presidida por Paulson, también asistió el actual secretario del Tesoro, Tim Geithner, la presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC), Sheila Bair, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.
Siete meses después, la asociación de abogados Judicial Watch ha obtenido los documentos oficiales de la reunión gracias a una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información. Los papeles muestran los puntos clave de la cita que las autoridades financieras del pais mantuvo a puerta cerrada en Washington con los principales banqueros del país.
El primer documento muestra que Paulson obligó a los banqueros a aceptar la inyección pública de dinero del Gobierno bajo el programa de rescate financiero (TARP), que acababa de ser aprobada por el Ejecutivo de EEUU, dotado con 700.000 millones de dólares para adquirir activos tóxicos de las entidades, tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers.
Durante la reunuión Paulson forzó a la gran banca de EEUU a aceptar miles de millones de dólares a cambio de acciones preferentes de las entidades. Y ello, bajo amenaza de intervención pública: "Creemos que no hay opción porque les dejaría a ustedes vulnerables y expuestos. Si la inyección no les resulta atractiva, deberían ser concientes de que el regulador se los requerirá en cualquier circunstancia", advirtió Paulson, según el documento que resume la reunión. Es decir, o aceptaban el dinero o serían intervenidos.
Horas después, los CEOs de los nueve bancos convocados firmaron a mano el documento, así como la cantidad de dinero que recibirían del Tesoro. El segundo texto recoge la firma de los convocados: Vikram Pandit de Citigroup, Jamie Dimon de JP Morgan, Richard Kovacevich de Wells Fargo, John Thain de Merrill Lynch, John Mack de Morgan Stanley, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, Robert Kelly de Bank of New York, Ronald Logue del State Street Bank y Ken Lewis de Bank of America.
Los documentos obtenidos por Judicial Watch destacan los siguientes puntos de la reunión:
1. Los banqueros no tuvieron más remedio que aceptar el dinero público ofrecido por Paulson, bajo amenaza de intervención.
2. Que los CEOs no sólo firmaron el documento sino que también apuntaron a mano la cantidad a percibir por el Tesoro a cambio de acciones preferentes de sus entidades. Un detalle curioso es que el consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en un primer momento firmó una cifra de 25.000 millones de dólares, para luego corregir y bajar la cuantía hasta los 10.000 millones.
3. Los correos electrónicos muestran además que el jefe de gabinete de Paulson y los altos funcionarios del Tesoro desconocían el nombre de los bancos que habían sido convocados.
4. Los funcionarios del Tesoro querían la ayuda de los Servicios Secretos para mantener a la prensa lejos en el momento en el que llegaran a la reunión los CEOs convocados.
5. Otro correo muestra el esfuerzo de relaciones públicas de la Casa Blanca para tratar de rebajar la preocupación de la opinión pública sobre la posibilidad de "nacionalizar los bancos".
6. Por último, la serie de correos señalan que Paulson informó de la reunión casi inmediatamente al entonces candidato a la Presidencia de EEUU, Barack Obama, pero que no pudo ponerse en contacto con su oponente en las elecciones, el republicano John McCain.
El Tesoro negó la existencia de los documentos
Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre la reunión mantenida en octubre, pero la publicación de los citados documentos desentraña algunas de las claves sobre la negociación. En primer lugar, que la banca fue forzada a aceptar la inyección pública cuando, en principio, las autoridades de EEUU señalaron que se trataba de un acuerdo voluntario. Por otro lado, en aquella tarde el Tesoro repartió unos 100.000 millones de dólares entre 9 grandes bancos procedentes de la primera fase del TARP.
Por último, "estos documentos demuestran la capacidad de tiene el Gobierno para ejercer el poder sin restricciones sobre el sector privado", según Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, institutción privada dedicada a perseguir casos de corrupción pública en la Administración de EEUU.
Por si ello fuera poco, tras meses de bloqueo, el pasado 4 de febrero el Tesoro de EEUU, ya en manos de Obama, respondió a los requerimientos de Judicial Watch afirmando que carecía de documentos oficiales sobre la citada reunión. Sin embargo, la presión jurídica ejercida por este institución logró la pasada semana obtener los citados documento, pese a que el Gobierno negó su existencia.