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Industria exige a Interligare más de 645.000 euros

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha comunicado a la empresa que debe restituir los fondos a las arcas públicas.

Libertad Digital
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El Ministerio de Industria ha exigido a Interligare –la tapadera montada por altos cargos de Interior vinculados a Rubalcaba- que devuelva los 644.966 euros que costó un programa informático que jamás funcionó: el proyecto Analyst Toolbox Software, adjudicado cuando el departamento lo dirigía el socialista Miguel Sebastián.

La iniciativa fue vendida por la empresa que presidía José Martín Juárez –apodado Pepe el espía-. Al considerar que el software se pagó pero nunca funcionó, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha comunicado a la empresa que debe restituir los fondos a las arcas públicas.

Sin embargo, según informa El Mundo, la subdirectora general de Fomento de la Sociedad de la Información ya ha dejado constar en el expediente que no ha sido posible notificar esta orden a la empresa en su sede social –radicada en Aranjuez (Madrid)-.

El grueso de la investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez, se concentra en los contratos adjudicados a Interligare desde el Ministerio del Interior bajo el mandato de Rubalcaba. Según sostienen los investigadores, la Secretaría de Estado de Seguridad otorgó 2,3 millones de euros públicos a Interligare tras filtrarle, previamente, las bases de los concursos por correo electrónico para confeccionarlas a su medida.

El artífice de estas adjudicaciones fue el director general de Infraestructuras Luis Luengo, que enchufó a dos hijos suyos en la consultora con sueldos de directores generales sin tener la cualificación adecuada y sin desempeñar trabajo alguno.

Cinco delitos

La Policía Judicial atribuye a los responsables de esta trama, entre los que se encuentran el ex jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, y el ex comisario general de Información, Gabriel Fuentes, un total de cinco delitos: falsedad documental, contra la Seguridad Social, deslealtad profesional, estafa, cohecho y tráfico de influencias.

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