El presidente de la Federación Municpios de Catalunya, Manel Bustos; el secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Marc Pifarré y el presidente de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), Josep Maria Vila d'Abadal, han constatado este miércoles las incertidumbres que despierta el uso del padrón para celebrar consultas populares sin permiso estatal.
El Gobierno catalán aprobó a finales de diciembre el proyecto de ley de consultas populares, que prevé utilizar el padrón para celebrarlas, desmarcándose del censo porque entonces se trataría de un referéndum y se necesitaría el permiso del Estado.
En la comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento, Bustos ha asegurado que la utilización del padrón le genera "inquietud" porque, a su juicio, con el marco jurídico actual si lo cedieran incumplirían la ley. Según Bustos, ello situaría a los alcaldes en un contexto de vulnerabilidad, por lo que ha exigido garantías jurídicas y procesales: "No sitúen a los ayuntamientos en la tesitura de no cederlo, y caer así en la insumisión hacia una petición del Govern, o de arriesgarse a entregarlo y situarlos en una situación de inseguridad jurídica".
Si no gozan de una eventual seguridad, Bustos ha explicado que pedirán un informe a la Agencia de Protección de Datos y que, si determina que no pueden entregar los datos del padrón, habrá un "problema" porque no podrán cumplir con la ley del Gobierno catalán. Desde la ACM, Pifarré, aunque también ha reclamado tener seguridad jurídica, entiende que pueden ceder los datos del padrón, pero ha invitado a reflexionar sobre la necesidad de un "cierto arraigo" para poder participar en las consultas.
Las dudas sobre el uso del padrón también han venido de la mano de Vila d'Abadal, quien ha advertido de que no es riguroso porque los ciudadanos cuando se van del municipio no están obligados a darse de baja, por lo que "no puede servir para hacer consultas de ningún tipo". Ha presentado como alternativa la creación de un consejo local de garantías ciudadanas donde las personas se inscriban libremente, como hacen en otros países.
Al margen del padrón, Bustos ha opinado que la ley de gobiernos locales tendría que ser el marco donde regular la participación ciudadana, al reprochar que la regulación de consultas populares "está pensada para otro fin y tiene un objetivo político y no global", en alusión velada a una posible pregunta sobre la independencia de Cataluña. Pifarré también ha presentado la ley de gobiernos locales como un espacio de trabajo de este colectivo, pero ha valorado el servicio y el objetivo de las consultas en muchos ámbitos, más allá de la independencia. Aunque, junto con Vila d'Abadal, ha lamentado que el resultado de las consultas no sean vinculantes, ha pedido que tenga una traslación política, y que las puedan promover también desde ámbitos supralocales.