Eso es lo que la Junta de Andalucía entendía por "paz social": además de ayudar a empresarios amigos en zonas gobernadas por el PSOE, afrontar la crisis de empresas no viables mediante inyecciones de dinero público que beneficiaba a los empresarios, privados y públicos, acallaban las protestas de los trabajadores, silenciaban a los sindicatos y satisfacían a los alcaldes socialistas de las zonas afectadas.
Por ello, dice ABC, José Antonio Griñán, ya presidente de la Junta en 2010, mantuvo el polémico sistema de pago de los ERE que le funcionó muy bien cuando estaba al frente de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre 1999 y 2008. De hecho, en vez de pasar los trámites públicos y transparentes de una subvención excepcional, permitía, como se vio después, la más absoluta arbitrariedad de la Junta de Andalucía.
Griñán permitió que Juan Márquez, sucesor de Guerrero, mantuviera el sistema de pago reemplazando la figura de las transferencias de financiación utilizada desde 2001 por una encomienda de gestión en abril de 2010. Empleo delegó así en el ente instrumental de la Junta (la agencia IDEA) el pago de las ayudas a empresas en crisis pero las ayudas se seguían concediendo a dedo.
Márquez, imputado en el caso porque la juez entiende que continuó otorgando ayudas a sabiendas de su ilegalidad, incluso puso por escrito el 28 de enero de 2010 que se aumentara el dinero destinado a la partida 31L por "el mantenimiento de la paz social". Ya por entonces el montante de esta gigantesca operación que privilegiaba a unos empresarios y a unos trabajadores, afines, frente a otros a los que se condenaba al despido puro y duro llegó a alcanzar los 647 millones de euros desde 2001.
El documento de Márquez demuestra una vez más la implicación de la consejería de Economía y Hacienda en el entramado de los ERE. En él se deja claro que la Consejería de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009 en manos de Griñán, tomaba parte en el proceso estableciendo el plan de pagos de los ERE irregulares. Guerrero, en el manuscrito desvelado ayer, reflejó su pacto de los abonos en una "conversación telefónica" con la entonces directora general de Tesorería de la Consejería de Economía, Julia Núñez.
La Guardia Civil sigue la pista del dinero
De esos más de 600 millones de euros, una parte fue destinada a privilegiar a unos trabajadores y empresas sobre otros. Pero otra se gastó en el pago de comisiones a intermediarios diversos. La Guardia Civil se dedica a la investigación de más de 400 cuentas bancarias de 50 entidades para "aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas públicas".
El País afirma que esta investigación afecta sobre todo al grupo Eurobank que engloba a la consultora Vitalia, cuyo director comercial Antonio Albarracín está imputado en la causa y actualmente está en la cárcel. Los investigadores subrayan las "comisiones pactadas de antemano muy por encima de la media del mercado" que propiciaron "el enriquecimiento ilícito". La UCO analiza 153 cuentas del grupo, cuyos principales responsables, Eduardo Pascual y María Vaqué, están imputados en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank.
También se centran las pesquisas en las empresas creadas por Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero: Sapphire, Inverdosmar y Ave Nueva entre otras. La instrucción analiza 114 cuentas del bufete Garrigues, ya que los agentes desconocen de qué manera percibió su minuta en los distintos ERE estudiados.
Además, hay tres empresas utilizadas por los tres supuestos testaferros que utilizó el intermediario y exugetista Juan Lanzas para blanquear 1,8 millones.
Por último, analizan 53 cuentas bancarias de la consultora Uniter y otras cuatro empresas vinculadas a la firma jerezana. Su responsable, José González Mata, remitió un informe a la juez para desmentir las acusaciones de la Guardia Civil sobre sus beneficios abusivos en comisiones de los ERE superiores a la media de mercado. La aseguradora VidaCaixa fija la comisión de Uniter en un 3% mientras que la de Generali en 32 pólizas para ERE fue del 9,48%.
La juez Ana Rosa Curra admitió elpaado viernes la personación del BBVA en su condición de entidad perjudicada.
La Junta veta al PP
El PP ha detectado ya 119 expedientes con objeciones "llamativas": subvenciones a sindicatos y organizaciones sin justificar; expedientes sobre dietas, gastos de desplazamiento o indemnizaciones por vivienda a altos cargos; contratos de publicidad; y encomiendas de gestión, entre otros relacionados con la partida del fondo de reptiles, 31L. Sin embargo, el gobierno de Griñán pone "obstáculos" a la transparencia y que tanto PSOE como IU han rechazado las iniciativas que ha presentado el Grupo Popular.
El PP denuncia el "veto" que la Junta ha impuesto negando su acceso a más de un centenar de expedientes de la Consejería de Empleo que tienen "reparos" de la Intervención General. Se trata de 119 expedientes correspondientes al período comprendido entre los años 2008 y 2012 relativos a la concesión de subvenciones "sin justificar"; dietas; gastos por desplazamientos; indemnizaciones por vivienda a altos cargos; o contratos de publicidad y encomiendas de gestión, de los cuales el PP sólo ha podido ver el título, ya que la Consejería de Hacienda, donde están depositados, ha impedido a los diputados del PP revisar la documentación.
Las objeciones que hace la Intervención son "llamativas e interesantes", ya que en ellas la Intervención advertía de que se estaban haciendo cosas "fuera de la legalidad" y "sin control de ningún tipo". Para el portavoz del PP, la respuesta de la Consejería, que ha instado al PP a volver a solicitar el acceso a los expedientes en el Parlamento, es una estrategia "para ganar tiempo".
El PP ha solicitado expedientes completos de gastos sobre los que la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo ha emitido notas de disconformidad o conformidad con observaciones, relativos a:
- Contratos con empresas de publicidad
- Pagos por indemnizaciones de vivienda a altos cargos
- Contrataciones de pólizas de prejubilación
- Subvenciones excepcionales a agentes sociales
- Informes de convalidación de gastos
- Transferencias y subvenciones a empresas públicas y fundaciones (IDEA, FAFFE, o Mujeres Progresistas)
- Encomiendas de gestión
- Contratos con terceros para la elaboración de estudios y trabajos técnicos
Se han solicitado Informes de Fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía relativos a:
- Subvenciones a Fundaciones
- Refinanciación de pólizas de seguro de rentas
- Prejubilaciones
Y aparece un amigo de Felipe González
"La consultora Vitalia, mediadora de los ERE a la que la Junta de Andalucía pagó 23,2 millones de euros sólo en comisiones en cinco años, desvió al menos 5,1 millones de euros a la República Dominicana para asociarse con Jesús Barderas, uno de los amigos de Felipe González y su anfitrión en la isla caribeña", dice textualmente El Mundo.
A través de sociedades interpuestas, el holding Vitalia participó en la construcción del complejo turístico Cap Cana, impulsado por Barderas y destino de recreo de González. Se sabe porque un borrador de un contrato ha sido intervenido por los Mossos d’Esquadra en el domicilio particular del dueño de Vitalia. En su texto, se reflejaba una compra de acciones de una compañía hotelera al amigo de Felipe González por un montante de 28 millones de dólares, aunque en realidad su valor nominal sólo ascendía a 6,9 millones.
Barderas, afincado en la República Dominicana desde 1986, fue hombre de confianza del empresario Enrique Sarasola, otro de los mejores amigos de Felipe González, y presidente de una de sus compañías, Ibérica de Legumbres.
La madeja de la conexión dominicana de los ERE
a) El holding Vitalia era dueño de la mutua Fortia Vida, con la que la Junta de Andalucía comprometió asegurar prejubilaciones por 109 millones de euros.
b)Fortia controlaba el 75% de Plárrega Invest.
c) Plárrega Invest, a su vez, era accionista con 5,18 millones de euros, de la sociedad dominicana Tenedora Verlac.
d)Otras empresas del holding Vitalia, Collacabiró Residencial y Can Rovira Residencial, eran asimismo socias de la dominicana.
e)El administrador de Can Roviera Residencial es Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia Vida e interlocutor habitual en los ERE de la Junta de Andalucía, actualmente imputado y encarcelado.
f)Pero el principal accionista de Tenedora Verla era Previsio i Futur, sociedad radicada en Andorra y perteneciente al entramado de Vitalia que, en total, controlaba así el 98,99% de la empresa domiciliada en Santo Domingo.
La madeja empezó a desbaratarse cuando el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investigó la quiebra presuntamente fraudulenta de la mutua Fortia Vida que aseguraba las rentas de miles de prejubilados en toda España.
Por ello, parte de los 109 millones de la Junta de Andalucía es la que fue a parar a paraísos fiscales.