La reforma presentada este viernes por el Gobierno tiene cuatro objetivos fundamentales, según se expone en el documento sobre el texto que ha distribuido el Ministerio.
- Clarificar las competencias municipales y evitar duplicidades bajo el principio: "Una Administración, una competencia".
- Racionalizar la estructura de la Administración Local para que se no gaste más de lo que se ingresa.
- Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
- Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
Competencias: Montoro asegura que "por primera vez" se definen con precisión la lista de competencias de cada administración y se limita la discrecionalidad de los ayuntamientos para ampliar su campo de influencia, haciendo cosas para lo que no tienen financiación ni recursos, algo que ha sido muy habitual en los últimos años.
De esta manera, se establecerá un catálogo claro de "la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local". Se suprimen las llamadas "competencias impropias". Si se aprueba el texto de Hacienda, cada ayuntamiento tendrá sólo las competencias que le dice la Ley y no podrá hacer más. Únicamente cuando esté garantizada (y acreditada ante el Ministerio) la prestación de los servicios obligatorios, se podrán prestar otros servicios no obligatorios.
Por ejemplo, las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las CCAA. Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.
Racionalizar la estructura: los servicios municipales "se someterán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas", para conocer su coste real y comparar con el eficiente. Según las cifras que maneja el Gobierno, los municipios de más de 100.000 habitantes gastan unos 445 euros por habitante al año en sus servicios mínimos, mientras que a los de menos de 5.000 habitantes les cuesta más de 1.200 euros. Por eso, el Gobierno prevé una serie de medidas.
- Si un ayuntamiento no puede mantener un servicio, y se trata de una competencia impropia, "se debe suprimir".
- En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, si se trata de un servicio mínimo (obligatorio) al que no puede hacer frente con sus recursos, la competencia pasaría directamente a las Diputaciones provinciales.
- En el caso de los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio en la administración superior; también podrían asumir su prestación, acordando su delegación con la autonomía correspondiente. En este caso, esta delegación tendrá una duración mínima de cinco años e irá acompañada de la financiación íntegra de la misma.
Para evitar situaciones de impago se establecen tres mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones entre administraciones:
- Se permite la compensación de deudas entre administraciones.
- Podrá renunciar a la delegación recibida, si no hay financiación acordada.
- Sólo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con autonomías cuando se suscriba "una cláusula de garantía de cumplimiento", que permitirá que la Administración General del Estado pueda retener transferencias a la región morosa.
Mancomunidades y entidades locales: se someterán al mismo proceso de evaluación y, si no lo superan, serán disueltas. De hecho, en tres meses tendrán que presentar sus cuentas, si no quieren desaparecer. El propio Montoro, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha animado a estos organismos a que se disuelvan. De esta manera, los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.
Sector público local: "los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de su plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes o liquidarlas. Frente a las acusaciones del PSOE, el Ministerio asegura que "lejos de privatizar los Ayuntamientos, la reforma potencia la gestión pública directa, ya que un servicio sólo podrá ser prestado por una entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local cuando sea más sostenible y eficiente que la gestión por la propia entidad local".
Control económico-financiero: se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. También "se regula parcialmente el régimen de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional que dependerán funcionalmente del Estado". Es decir, que los interventores de hacienda volverán a controlar las cuentas de los ayuntamientos.
Ahorro: las cuentas de Montoro implican un ahorro neto total de 7.129 millones entre este año y 2015, que se repartiría de la siguiente forma:
- Clarificación de competencias: 2.231,7 millones (31% del total)
- Eliminación de duplicidades: 3.281,7 millones (46%)
- Supresión de mancomunidades y entidades menores: 72,8 millones (1%)
- Personal eventual y altos cargos: 145,8 millones (2%)
- Redimensión del sector público local: 1.397,1 millones (19,6%)
Limitación de la iniciativa económica local: una de las novedades más importantes es que "se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad". Es decir, que los empresarios no tendrán que pedir permiso al ayuntamiento casi para cualquier cosa que tengan que hacer en su término municipal. Además, se suprimen monopolios municipales heredados del pasado, como mercados y lonjas.
Los sueldos de los concejales
Lo que más comentarios y polémica ha generado es la limitación en el número de concejales, la supresión de sueldos y las nuevas exigencias de transparencia política.
De esta manera, Hacienda quiere que los Presupuestos Generales del Estado fijen anualmente el "límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos según criterios de población". Es decir, que se pondrá un tope a las dietas y otro tipo de beneficios, que son la vía de escape que utilizan algunos ayuntamientos para retribuir a sus concejales y alcaldes, manteniendo un sueldo oficial bajo.
- Presidentes de diputaciones: tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia, que será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia.
- Concejales-diputados provinciales: tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos. Sólo los concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados.
- Asesores: se reduce a 6.489 el número total en España. Su número se establecerá en función de los habitantes del municipio (ver cuadro 3). Por ejemplo, los pueblos de menos de 5.000 habitantes no podrán tener personal eventual (asesores).
- Sueldos de los concejales: de los 68.285 concejales en España, sólo 12.188 (18%) tendrán dedicación exclusiva y podrán cobrar un sueldo (ver cuadro 2). De esta manera, se establece el límite según el volumen de población del municipio. Eso sí, hay que recordar que los ediles, tanto los que tienen dedicación exclusiva como los que no, se llevan buena parte de sus ingresos de complementos como dietas y no de sus sueldos. Como decíamos antes, desde ahora habrá un límite a esta retribución total, pero no es cierto que el 82% de los concejales vayan a realizar su trabajo gratis et amore.
- Sueldos de los alcaldes: tendrán un límite máximo fijado por el Gobierno, según el siguiente cuadro. No podrán cobrar más que un secretario de Estado (ver cuadro 1). Por ejemplo, el salario máximo de los alcaldes de las ciudades de 150.000 a 300.000 habitantes será un 80% del que cobra un secretario de Estado.
