La Junta tiene 638 viviendas de VPO desocupadas que carecen de adjudicatario, según ha informado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en una comparecencia en el Parlamento. Recuérdese que el PP denunció que había viviendas vacías de la Junta, que cifraba en 5.000 y que la consejera Cortés lo negó. Es más, el pasado 28 de abril llegó a decir que eso de que la Junta tiene viviendas vacías era un "mantra" demagógico aunque ya advirtió que podía haber algunas viviendas vacías debido al fallecimiento del inquilino, a mudanzas o a un severo deterioro.
Pues ya son 638 las casas promovidas por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) para régimen de venta y que no han podido ser traspasadas por la imposibilidad de los adjudicatarios a acceder a créditos bancarios o porque en el tiempo que duró la construcción empeoró sus circunstancias económicas o quedaron en paro, como ha ocurrido con numerosas promociones realizadas por ayuntamientos y promotores privados.
La consejera Cortés, como va siendo costumbre, dijo que es horrible que haya viviendas de promoción oficial desocupadas cuando hay casi 200.000 demandantes inscritos en los registros municipales, pero luego añade, en justificación por lo que ella misma hace, que las casas sin utilizar de EPSA apenas son el 0,1% del total de casas desocupadas que existen en la comunidad autónoma (636.221 según el último censo del INE).
La consejera insistió en que el decreto sobre la función social de la vivienda persigue como principal objetivo que no haya ninguna vivienda que fuera construida con financiación pública desocupada, "sin cumplir la función para la que fue promovida". Pero el decreto otorgó un plazo de un mes a las entidades financieras y las filiales inmobiliarias para que comunicasen a la consejería el número de viviendas de VPO que poseen, con datos de su localización, precio y año de construcción. El plazo terminó anteayer, pero Cortés ha precisado que aun dará un plazo o margen de unos días para no cometer errores.
Para dar salida al stock de EPSA, se ha cambiado el régimen por el de alquiler a 625 casas y solo se han dejado para venta 13 inmuebles. De estas viviendas, 520 fueron construidas por Epsa con la financiación de créditos bancarios. Las otras 118 fueron compradas ya construidas en ejercicio del derecho de tanteo y retracto, pero no han podido cumplir su objetivo de dedicarlas a personas necesitadas.
El PP expone los hechos de la política de vivienda
En un documento, el PP afirma que:
· La Junta mantiene más de 5.000 viviendas públicas vacías.
· Prometieron viviendas gratis para sueldos inferiores a 1.000 euros.
· Prometieron 9.950 millones para un Plan de Vivienda y sólo ejecutaron 700 millones.
· No pagan las ayudas de alquiler amásde12.000 inquilinos.
· Eliminaron las ayudas de 6.000euros a propietarios para impulsar el alquiler.
· La Empresa Pública de Suelo de Andalucía debe 513 millones a los bancos.
· La Junta ha incumplido sistemáticamente sus Planes de Vivienda.
· El Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, sobre la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía regula multas y expropiaciones, tratando de imponer por la fuerza las fórmulas fracasadas de la izquierda socialista y comunista, de la misma formaque asaltan supermercados e invaden fincas.
Es un decreto que no mejora la protección de las familias en situación de desahucio, que tiene una dotación presupuestaria muy escasa y costes de gestión muy altos y que se basa en la legislación básica estatal que está en un proceso de cambio.
Una vez más el bipartito ha elegido el camino de la confrontación, en vez de abordar el problema de los desahucios desde la responsabilidad. Han declarado que beneficiará a 200 personas, ¿de verdad la Junta no es capaz de resolver el problema de 200 familias con un presupuesto de 32.000 millones de euros?
Los desahucios de EPSA
Lo que la Consejera no puede negar es que su empresa pública EPSA desahucia e incluso lleva a los tribunales a quien no paga u ocupa ilegalmente las viviendas. Ha ocurrido en el barrio granadino de Almanjáyar (conocido como "el polígono"), un gueto donde conviven la exclusión social, la falta de servicios y la delincuencia, principalmente el tráfico de drogas. Allí la Junta ha acometido "planes de rehabilitación integral" que completan "la labor urbanística con un trabajo socio-comunitario". Pero ocurrió lo inevitable. Había muchos pisos vacíos de la Junta en este barrio, bloques enteros, que fueron ocupados irregularmente por un grupo de personas.
Informaba la prensa andaluza que poco después de entrar en las casas, recibieron la visita de la policía nacional, que les identificó. También les visitó un representante de EPSA, quien les advirtió de que estaban "robando". En ese momento, tres familias, junto a otras, contactaron con el grupo de Stop Desahucios del 15-M de Granada, que desde entonces ha intentado buscar una solución. "No nos negamos a pagar" dijeron añadiendo que "si no estás cobrando nada, te tendrán que poner un alquiler adecuado a tus posibilidades".
La respuesta de las autoridades andaluzas fue advertir de las consecuencias judiciales de la ocupación y exigir a las familias que entregasen las llaves. Varias lo hicieron. EPSA también denunció a alguna de las ocupantes por un presunto delito de usurpación. De todos modos, fue en 2008 cuando se produjo el primer desahucio por ocupación en Granada.
Hace unos días la Junta había intentado desahuciar en la provincia de Cádiz a tres viudas y tres jubilados. Entre estos últimos está un antiguo peón de carreteras que ocupa, como el resto de los afectados, una de las viviendas que antes pertenecían al antiguo Ministerio de Obras Públicas y en la actualidad son propiedad de la Junta.