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Los hechos desmontan el motivo del acoso de Moliner a la juez Alaya

El presidente del TS dejaba en la opinión pública una imagen de negligencia o mala intención por parte de la juez sevillana.

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La juez Alaya ha sufrido diversos acosos procedentes de diferentes frentes. Desde la propia Junta de Andalucia y el PSOE al aparato del poder judicial. Dolorosos fueron los protagonizados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, en la figura del presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, que ha considerado que el retraso del caso de los ERE y de los demás macrocasos que lleva la juez Alaya son inaceptables.

Moliner no anunciaba, por ahora, medidas disciplinarias internas contra Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero dejaba en la opinión pública una imagen de negligencia o mala intención por parte de la juez sevillana. O bien no sabía instruir diligentemente los sumarios en marcha o bien tenía interés en que no se cerraran.

Si el el TSJA mostraba su "preocupación" por el número de imputados en la investigación de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía a los que Alaya no había tomado aún declaración, Moliner consideraba en cualquier caso que "no es normal ni aceptable" la dilatación a la hora de tomar declaración a los imputados.

Los hechos y el argumento de Moliner

Hay muchos casos en Andalucía, más antiguos que los que lleva la juez Alaya, que no han merecido siquiera la atención del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los términos que se han expresado en el caso de la juez de los ERE. Por ejemplo, tomemos de ABC la relación de casos más antiguos:

  • Operación Poniente. Las diligencias se abrieron en el año 2009 después de que el fiscal llevara ya dos años investigando la corrupción en el Ayuntamiento almeriense de El Ejido.
  • Caso Astapa. En junio de 2008 la Policía tomó el Ayuntamiento de Estepona y destapó una trama de corrupción municipal socialista que tiene más de 109 imputados y 300 tomos.
  • Caso Alhambra. Un juzgado de Granada investiga desde 2007 el su puesto fraude en el control de acceso y venta de entradas al monumento. Hay 83 imputados.
  • Caso fraude de los carnés. El juzgado de instrucción número tres de Huelva investiga el caso del fraude de los carnés de conducir desde el año 2009.
  • Caso Arcos. Un juzgado de Velez Málaga investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alcaucín. Lleva instruyéndose desde el año 2009 y tiene ya setenta imputados.
  • Caso Zona Franca de Cádiz. Originado con una querella que data de 2005, sólo esta semana ha comenzado el juicio con dos principales acusados, Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro.

Pero estos retrasos y sus jueces no parecen preocupar al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial ni al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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