El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento, en relación con el proceso de análisis de 17 expedientes de ayudas concedidas a UGT-A, que se ha adoptado la decisión de iniciar "procedimiento de revisión de oficio" en relación con cuatro de dichos expedientes, mientras que otros cinco expedientes ya cuentan con conclusiones del funcionario instructor. El resto se encuentran en otras fases y hay uno en el que UGT-A ha renunciado a la subvención.
En total, la Junta ha iniciado el análisis de 17 expedientes de ayudas concedidas a UGT-A por importe de 7,5 millones de euros y de ellos, cinco cuentan ya con "conclusiones" del funcionario instructor (en dos se plantea la nulidad de ayudas por importe de 1,8 millones), mientras que en relación con otros cuatro expedientes, se ha decidido el inicio del procedimiento de revisión de oficio.
Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara para informar sobre el proceso de revisión de expedientes de subvenciones otorgadas al citado sindicato relativos a los ejercicios 2009-2012, Sánchez Maldonado ha explicado que, en lo que respecta a la Dirección General de Relaciones Laborales, se abrieron seis procedimientos de información previa sobre sendos expedientes correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, y en cuatro de ellos se ha iniciado el "procedimiento de revisión de oficio".
En el caso de los otros dos, el consejero ha recordado que el funcionario instructor ya ha emitido su propuesta de conclusiones, planteando la nulidad de las ayudas, lo que ha sido remitido al Gabinete Jurídico, mientras que el Consejo Consultivo será el que determine sobre la procedencia o no de declarar la nulidad de los expedientes.
El consejero no ha dado a conocer en su intervención el importe de esos cuatro expedientes sobre ayudas que se van a someter al procedimiento de revisión de oficio ni a cuánto ascienden los tres nuevos expedientes de ayuda que ya tienen conclusión del funcionario instructor y que serán remitidos en los próximos días al gabinete jurídico.
Según ha seguido detallando el consejero, en relación con la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, se han abierto otros seis procedimiento de información previa sobre sendos expedientes de ayudas, vinculados al desarrollo de actividades divulgativas y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales. Ha apuntado que existe otro expediente correspondiente al año 2012 en el que UGT-A ha renunciado a la subvención.
Ha agregado, con respecto a esos seis procedimientos de información previa, que una vez termine el análisis de toda la documentación, se determinará la conveniencia o no de iniciar el procedimiento de revisión de oficio.
En cuanto al Servicio Andaluz de Empleo, se han iniciado cuatro expedientes de información previa, en concreto, dentro de las competencias que ahora recaen en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo. Ha indicado que en relación con los mismos, el funcionario instructor está elaborando sus propuestas, hasta la fecha, de esos expedientes de información previa.
Sánchez Maldonado ha querido dejar claro que la Junta ha actuado siempre en la línea de "máxima transparencia y del cumplimiento estricto de la ley". Se ha actuado, según ha precisado, acorde con lo que establece la actual normativa que regula los procedimientos administrativos y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Ha insistido en que, en todo este proceso, se está velando por el cumplimiento estricto de la ley y ha garantizado que la Junta llevará a cabo todas las actuaciones que sean precisas con el fin último de proceder al reintegro de aquellas ayudas concedidas que hayan tenido un uso "inadecuado, incorrecto o fuera de la ley". Para el consejero, es el momento de dejar trabajar a los respectivos equipos de funcionarios para que la instrucción sea llevada a cabo con las "máximas garantías".
Una Junta poco transparente
En el turno de intervención de los grupos, el portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha acusado a PSOE-A e IULV-CA de "poner el ventilador" en este asunto y de impedir a su formación el acceso a los 17 expedientes de revisión de oficio que se han abierto por parte de la Junta, lo que va en contra de la "transparencia" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pregona en sus "grandilocuentes discursos".
Rojas, que ha considerado que el Gobierno andaluz tiene que recuperar el dinero defraudado, personarse en la causa y no conceder más subvenciones a UGT-A hasta que se aclare lo ocurrido, ha negado que su formación haya emprendido una causa general contra el socialismo y el sindicalismo. "Lo que hay que hacer es una causa general contra la corrupción para que nunca más esté en la Comunidad", ha añadido.
Tras asegurar que la responsabilidad política en el caso de UGT tiene "nombres y apellidos y se llama Susana Díaz", el portavoz parlamentario ha manifestado que los andaluces están viviendo un deja vu de lo que ocurrió en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), "donde la Junta tampoco quería personarse y limitaba la revisión a los ERE vivos".
En su turno de réplica, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha respondido al PP-A que podrán ver los expedientes que demandan cuando termine el proceso de instrucción y se eleven al Consejo Consultivo. También le ha pedido que se aplique la misma exigencia que reclaman a casos similares que afectan a sus filas.