Menú

La Junta no descarta multar o excluir a UGT-A del reparto de subvenciones

El Constitucional señaló que las autonomías tienen potestad sancionadora en las materias sobre las que ostentan competencias.

0

La Junta de Andalucía no descarta multar o incluso excluir al sindicato UGT en el reparto de subvenciones, pero una vez finalicen todos los procedimientos de revisión de ayudas abiertos a partir de que Libertad Digital destapara el escándalo de las facturas falsas el pasado mes de junio.

La juez Alaya está contactando con las personas que, dentro de UGT, tenían conocimiento preciso de cómo se han hecho todos los expedientes para conocer las claves de las falsificaciones de facturas y el funcionamiento contable de la organización.

Han transcurrido ya seis meses continuados de escándalos y se ha abierto un sumario judicial nuevo sobre el caso, pero aún no ha procedido a sancionar, como le permite la Ley General de Subvenciones, a UGT por los evidentes desvíos documentalmente demostrados en los medios de comunicación del dinero de las subvenciones destinadas, sobre todo, a la formación de parados.

Según el portavoz de la Junta, el periodista Miguel Ángel Vázquez, aún no ha llegado el momento porque se está en fase de investigación. Como en otros casos ya evidentes, se espera que la Junta Alaya adelante el ritmo tortuguero de la Junta tal y como ya ha hecho en el tema de los ERE.

Curiosamente lo que ha hecho hasta ahora la Junta de Andalucía es iniciar un expediente de reintegro, no un expediente sancionador, sin que sepa explicar por qué. De hecho, exige la devolución de casi dos millones de euros a UGT por dos expedientes de subvenciones que no ha sido capaz de justificar. Pero esa falta de justificación debería dar origen a la apertura de un expediente sancionador, cosa que la Junta no hace.

Al ser preguntado sobre por qué sólo han reclamado el reintegro de dos expedientes que suman 1,8 millones de euros y no plantean sanción alguna, el portavoz insistió en esperar. "No hay una conclusión de investigación interna, se ha abierto un nuevo procedimiento a partir de la sugerencia del gabinete jurídico, pero esperen a que concluya para saber si la Administración tiene que adoptar alguna medida desde el punto de vista legal".

Según la Junta, a día de hoy están todos los expedientes abiertos en distintas fases, solamente se ha cerrado uno por renuncia expresa de UGT a cobrar la subvención que le correspondía, pero ni siquiera ha querido informar sobre cuál es el expediente cerrado por renuncia de UGT.

La Junta favorece a UGT con su dilación

La Junta de Andalucía va a reclamar la devolución de dos subvenciones concedidas a UGT-A por importe de 1,8 millones de euros, pero sigue sin aplicar sanciones a UGT por tal hecho tal y como exige la Ley General de Subvenciones.

Recuérdese que, en materia sancionadora, el Tribunal Constitucional ha señalado que las comunidades autónomas tienen potestad sancionadora en las materias sustantivas sobre las que ostentan competencias y, en su caso, pueden regular las infracciones y sanciones ateniéndose a los principios básicos del ordenamiento estatal, pero sin introducir divergencias irrazonables o desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio, por exigencias derivadas del artículo 149.1.1.a de la Constitución -SSTC núms. 87/1985, 102/1985, 137/1986 y 48/1988-.

El texto del artículo 40 de la Ley es explícito al respecto:

Artículo 40. Obligados al reintegro.

1. Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos contemplados en el artículo 37 de esta ley, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 5 del artículo 31 de esta ley en el ámbito estatal. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

La Junta podría suspender las sanciones a UGT por las faltas cometidas sólo en el caso de haber transmitido su comportamiento a un órgano judicial y estar a la espera del fallo correspondiente. Lo dice así la norma:

Artículo 55. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal.

1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.

3. De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración iniciará o continuará el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

Los letrados de la Junta de Andalucía entienden que corresponde esta vía administrativa en aplicación del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones al no haber justificado adecuadamente el sindicato las ayudas recibidas, ha informado este lunes la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en un comunicado.

La no justificación adecuada por parte de UGT de las subvenciones recibidas es una infracción grave que debe conllevar la sanción o, en su caso, la transmisión del caso a la autoridad judicial por si fuese constitutivo de delito.

Se dice así en la Ley:

Artículo 57. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad

colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de esta ley.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

La Junta nunca llega a la sanción

La Junta de Andalucía tramitaba un expediente de reintegro para que esta central sindical devolviera a la Administración "las cantidades indebidamente justificadas". Esta resolución del gabinete jurídico se producía tras la consulta en el procedimiento de revisión de oficio de una subvención de 1.100.000 euros correspondiente a 2009 para acciones de promoción, información, formación y asesoramiento, y otra de 700.000 euros correspondiente a 2010 para actividades coordinación, infraestructuras y difusión.

Los restantes procedimientos abiertos para la revisión de subvenciones concedidas a UGT de Andalucía -17 en total- se ajustarán al criterio que establezca el gabinete jurídico, de manera que si concurren las mismas circunstancias que en los dos anteriormente descritos, se tramitará también la devolución de la ayuda mediante los correspondientes procedimientos de reintegro.

La Ley de Subvenciones contempla multas o sanciones que llegan a la "pérdida, hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos" a los que incurran en una "infracción muy grave" por no aplicar, "en todo o en parte, las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida".

Alaya puede desmontar la estrategia de la Junta

Libertad Digital ha confirmado que desde hace pocos días la Guardia Civil, que auxilia a la juez Alaya en sus trabajos de instrucción, se ha puesto manos a la obra en el caso de las facturas falsas y desvíos de subvenciones, lo que, además de un comportamiento administrativo irregular susceptible de sanción y de reintegro, tiene un componente claramente penal con hasta cinco años de cárcel para los responsables de lo que ha ocurrido.

Mientras la UGT, dirigida ahora por Carmen Castilla, se centra en denunciar a trabajadores despedidos como los presuntos autores de filtraciones que habrían dado origen al caso, la juez Alaya quiere averiguar de boca de los propios trabajadores de UGT, despedidos o en activo, cómo era el funcionamiento contable de UGT y si lo que se ha publicado en la prensa nacional es o no cierto.

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Inversión
    • Seminario web
    • Podimo
    • Tienda LD