El partido liderado por Rosa Díez ha denunciado que el Hospital de Gandía se ha negado a hacer pruebas de un coste elevado a un paciente por no ser valenciano. Según explica la formación magenta, el paciente sí dispone de la tarjeta sanitaria de desplazado en vigor. Según publica el diario Levante, el hombre, de 67 años, sufre patologías neurológicas y este martes le comunicaron que debía regresar a Castilla y León.
UPyD ha recordado que la Constitución en su artículo 42 reconoce el derecho a la protección a la salud. Y la Ley General de Sanidad de 1986 tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección según lo dicho en la Carta Magna.
Para el coordinador territorial, Alexis Marí, estamos ante "un claro ejemplo de discriminación porque el paciente tiene la tarjeta sanitaria en vigor y 17 sistemas sanitarios diferentes provocan estos disparates. Estas situaciones no se producen en países de nuestro entorno. Los servicios públicos sanitarios están para atender a las personas, independientemente del lugar en el que residan. Hemos creado barreras para todo dentro del territorio nacional. Es inexplicable".
Por ello, la formación magenta vuelve a exigir la devolución de las competencias sanitarias al Estado, aunque la gestión de las mismas se lleve a cabo desde los distintos gobiernos autonómicos. "Queremos que el conseller de Sanidad nos explique qué ha ocurrido con este paciente y qué medidas se han adoptado para que no vuelva a suceder", reivindicó Marí.