Soraya Sáenz de Santamaría ha arrancado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros leyendo algunas de las conclusiones del informe del Consejo de Estado para rechazar el referéndum del 9-N en Cataluña para después destacar, con esos mismos argumentos, que el Gobierno ha decidido impugnarlo ante el Tribunal Constitucional.
Según ha dicho, ese referéndum, tal y como está planteado "no tiene cabida en nuestro estado de derecho".
La vicepresidenta dijo que con esta impugnación el Gobierno pretende proteger la democracia frente a la perversión de sus fundamentos, los derechos de los catalanes y de los funcionarios públicos, "a los que la Generalitat pretende colocar a la intemperie legal al no darles cobertura jurídica a sus actuaciones". Así, dijo, se evita un fraude al ciudadano y un fraude de ley.
Artur Mas, dijo Soraya, "pretende que los funcionarios asuman ellos mismos la responsabilidad" de violentar la ley. "Una responsabilidad que Mas no quiere asumir con su firma". Con la impugnación, el Gobierno pretende proteger a los funcionarios para que no se vean obligados a incumplir la ley "ante la voluntad de no dictar ningún tipo de instrucción" del presidente de la Generalidad.
El presidente catalán encabeza un proceso pero "no asume su responsabilidad, no firma y traslada a los funcionarios una responsabilidad de tipo personal, y les está perjudicando en sus derechos y su tranquilidad". Con la impugnación, el Gobierno pretende "defender el derecho a la libertad, la igualdad, y también la de los medios de comunicación".
Sáenz de Santamaría fue tajante sobre por qué el Gobierno no corta "el grifo del dinero" que está desviado a Cataluña. "La Generalitat ya ha perjudicado bastante a los catalanes para que el Gobierno les perjudique más privándoles de los servicios públicos a los que tienen derecho por pagar sus impuestos. Hemos asumido gastos para garantizar" que los funcionarios cobren sus nóminas, y los catalanes en general tengan los servicios públicos a los que tiene derecho con los impuestos que pagan. "No vamos a perjudicar a los catalanes porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones constitucionales".
A lo que no quiso responder la vicepresidenta es a la pregunta de por qué no actúa contra Mas si tan irresponsable es y tantas leyes vulnera. "Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Espero que tenga muy presente que está trasladando una responsabilidad que no quiere asumir a quienes no tienen obligación de soportarlo. Espero que, por respeto a los ciudadanos, cumpla esta vez las resoluciones del Tribunal". Pero no despejó si Mas se "irá de rositas".
Las claves del recurso
El Gobierno basa su recurso ante el Constitucional en que todas las actuaciones de la Generalidad para organizarla "tienen efectos jurídicos y trascendencia externa", aunque no exista una única convocatoria como tal, como ocurría en el referéndum original previsto para el 9 de noviembre.
En concreto, el Ejecutivo aporta como pruebas la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, su vicepresidenta y el portavoz de la Generalidad.