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Catalá ya reconoce que el Gobierno permitirá el referéndum del 9N

La coartada para no impedirlo es que sea la ANC y no la Generalidad la que "promueva el desarrollo de la consulta".

Libertad Digital
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho este jueves que el Gobierno no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalidad de Cataluña no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo. Algo imposible, ya que la Generalidad no ha hecho ni dejado de hacer otra cosa que promoverlo.

En rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Justicia, Catalá ha respondido así tras ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación de la consulta se produzca en la calle y no en colegios u organismos dependientes del Gobierno catalán.

"Si el Gobierno de la Generalidad no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", ha explicado el ministro.

Una premisa falaz, que sirve de coartada al Gobierno, ya que la Generalidad ha intervenido e interviene directamente en el desarrollo del referéndum alternativo del próximo domingo. Toda la acción de gobierno de Mas en la presente legislatura ha ido encaminada al referéndum. De hecho, Catalá obvia que la Asamblea Nacional Catalana y asociaciones similares son órganos financiados y dependientes de la Generalidad.

En esta línea, Catalá ha llegado a decir que "cada día en muchos ámbitos de una sociedad democrática como la española, en el marco de la Constitución, se producen movimientos populares de recogida de firmas, toma de opiniones. Lo que estamos, desde hace meses, poniendo de manifiesto es que un Gobierno y un Parlamento no pueden promover una consulta contraria a la Constitución. El ejercicio de cualquier libertad, de los derechos de los ciudadanos, de expresión, eso nadie va a impedir su ejercicio. ". "Puede parecer un matiz, pero es muy importante en términos de legitimidad democrática de las actuaciones que el Gobierno lleva a cabo para garantizar el orden constitucional", concluyó el ministro.

Al mismo tiempo que dejaba claro que si la Generalidad, tal y cómo se está planteando, hace como si delegara en "asociaciones ciudadanas" tendrá vía libre del Gobierno, el ministro ha añadido que si la Abogacía del Estado y la Fiscalía observan que se está vulnerando la ley se "promoverá la actuación que corresponda". Y en caso de que un ciudadano presente una denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional en relación a la celebración de la consulta, "se tendrá que ver si se está violando el ordenamiento jurídico".

Ante la denuncia de la Generalidad sobre que el recurso del Ejecutivo ante el TC impide la libertad de expresión, el ministro ha destacado que ese ejercicio "nadie va a impedirlo" porque en "en una sociedad democrática como la española, cada día hay movimientos populares y recogidas de firmas".

"Pero lo que estamos poniendo de manifiesto desde haces meses es que un Gobierno no puede promover una consulta contraria a la Constitución". Además, ha tachado de "lógico y razonable" que las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña actúen para cumplir las normas como tiene que hacer, ha recordado, la Generalidad.

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