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Una empresa de la Junta de Andalucía, implicada en Perú en un grave caso de corrupción

Un empresario relacionado con las esferas del poder a través de la esposa de Ollanta Humala.

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Ayesa Advanted Technologies SA, una empresa participada por la ya famosa agencia IDEA y otras sociedades vinculadas a la Junta de Andalucía, está siendo relacionada en la prensa peruana con un escándalo de corrupción política cuyo epicentro se sitúa en un empresario relacionado con las esferas del poder a través de la esposa de Ollanta Humala –presidente de la República del Perú – llamado Martín Belaúnde Lossio, huido de la justicia peruana y ahora en Bolivia. Belaúnde está acusado de haber influido en la consecución de contratos para distintas empresas, entre las que se encontraría Ayesa AT.

En la composición histórica del consejo de administración de Ayesa AT aparecen entre otros muchos la Agencia de Innovación y Desarrolloo de Andalucía, el grupo empresarial El Monte y la Sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía.

La agencia IDEA está implicada en los casos Invercaria y en el mecanismo del "fondo de reptiles" de los ERE.. Recuérdese además que en Ayesa han tenido cargos relevantes tanto Amparo Rubiales, expresidenta del PSOE andaluz, como su hija Clara Eugenia, en una empresa filial.

El pasado día 11 de enero, el periódico peruano Perú21, en un artículo titulado "Martín Belaúnde Lossio pidió US$ 20 mil para sobornar a funcionarios" señalaba que  "[el programa de TV] Panorama presentó documentos que prueban la vinculación de Belaunde Lossio con la firma española Ayesa, que no solo operó en Junín sino que también cobró casi S/.15 millones por fiscalizar la construcción del conocido estadio Elias Aguirre en Chiclayo, con serias irregularidad y retraso en obras hasta ahora (…) se contrató a Ayesa para otorgar servicios para la dirección integrada del proyecto de mejoramiento de infraestructuras deportivas de los Juegos Bolivarianos. En enero del 2014 se terminaría con el pago y se iría desembolsando de acuerdo al avance de las obras. Sin embargo, la empresa española empezaba recién a trabajar y cobró casi la totalidad. Entre octubre y en diciembre del 2012 el Comité Olímpico pagó S/.13.5 millones. (…) El congresista Daniel Abugattás cuestionó ese contrato porque no hubo la supervisión de 15 obras porque solo se habían hecho tres".

El mismo día, el periódico El Comercio, en un artículo titulado "Belaúnde Lossio y Rivera Ydrogo visitaron el SIMA de la Marina"se señalaba que "mientras el prófugo empresario Martín Belaunde Lossio espera en la ciudad boliviana de Santa Cruzrespuesta a su pedido de refugio, en Lima surgen nuevos elementos que comprometen su situación respecto a los presuntos lobbies ilegales que realizó a favor de dos empresas españolas, la ya conocida Antalsis y Ayesa (...) Abugattás cuestionó que se le haya pagado por adelantado a esta compañía, sobre todo si de las 15 obras que debían supervisar, solamente fueron concluidas tres a tiempo. A raíz de los casos expuestos líneas arriba, el legislador nacionalista ha pedido investigar quién le abrió las puertas del Perú a Ayesa".

El caso afecta a todo el grupo Ayesa, estrechamente vinculado a la Junta de Andalucía que es accionista de Ayesa AT.. El congresista peruano, Daniel Abugattás, ha preguntado "quién le abrió las puertas del Perú a Ayesa" y representantes de los trabajadores de Ayesa en Sevilla, sede matriz, consideran que quien mejor puede proporcionar una respuesta, clara y concisa, sería la mismísima Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Extenda, pues de la mano de ésta, Ayesa ha desarrollado y potenciado su proceso de internacionalización, principalmente en Latinoamérica.

Los representantes de los trabajadores de Ayesa AT han denunciado, en reiteradas ocasiones, la política de la empresa de pisotear sistemáticamente los derechos de los trabajadores, habiendo sido ignorados por completo, sobre todo, por los partidos políticos que gobiernan Andalucía y por la Junta que vendió a precio de saldo SadielL, una empresa pública clave en el control de la Administración andaluza, al Grupo Ayesa.

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