El expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola comparecerán el próximo martes como imputados en Barcelona ante la juez, Beatriz Balfagón.
La magistrada les atribuye indicios de haber cometido presuntamente delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales al ocultar su fortuna en el extranjero durante treinta y cuatro años. Sin embargo, la realidad es que en este momento de la investigación -que se halla en estado "embrionario"- pocos indicios sólidos de delito pesan contra la familia del molt honorable más allá de la mera sospecha.
De momento, tanto la magistrada Balfagón como el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón mantienen la tesis de que la fortuna de los Pujol puede proceder de un "enriquecimiento sospechoso" aunque fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital señalan que, actualmente, no hay nada que acredite ni el fraude fiscal ni el blanqueo.
Entonces la pregunta que es pertinente hacerse es ¿por qué son llamados a declarar en calidad de imputados el matrimonio y sus tres hijos ahora? Las mismas fuentes explican que debido a que la querella contra ellos lleva admitida a trámite desde el pasado verano era necesario tomar ya una primera declaración a los imputados en aras de preservar el derecho de defensa, es decir, para que los Pujol puedan si quieren dar su versión de los hechos en sede judicial.
Lo único que se ha podido acreditar de momento en la investigación judicial es que tal y como confesó el expresidente de la Generalidad "el dinero ubicado en el extranjero era distinto" al que su padre Florenci Pujol i Brugat dejó comprendido en su testamento.
De hecho, en dicho testamento sólo se recoge que Jordi Pujol heredó de su padre una casa en Premià de Mar (Barcelona), valorada en tres millones de pesetas (18.000 euros) así como acciones en Banca Catalana y en la Compañía Cedat por valor de 13.128.647 pesetas (casi 79.000 euros).
Otro asunto a determinar es cómo y a cuánto abarca la regularización de fondos llevada a cabo a través de la amnistía fiscal. La defensa de Jordi Pujol i Soley, su esposa y sus hijos Pere, Marta y Mireia sostienen que están imputados sólo y exclusivamente "a simple prevención" de que la regularización fiscal practicada por ellos sobre los bienes situados en el extranjero "no fuese completa veraz y correcta sin que exista dato alguno que permita apuntar lo contrario".
Sin embargo, el fiscal Luzón sostiene que "no es admisible una regularización completa si parte de los fondos existentes en el extranjero continúan ocultos al fisco español".
En estos momentos, la instrucción se encuentra estancada a la espera de que Andorra y Liechtenstein envíen las comisiones rogatorias solicitadas por la magistrada para determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre del matrimonio Pujol Ferrusola o de sus tres hijos en dichos países. Por su parte, Suiza ya ha rechazado colaborar con la Justicia española.
Lo previsible es que el próximo martes los Pujol salgan del juzgado de la misma forma que entraron: imputados por el origen desconocido de la fortuna investigada pero sin que ni siquiera pesen contra ellos medidas cautelares.