El nuevo Gobierno andaluz estará compuesto por trece departamentos, dos más de los que había en la legislatura anterior. Con ello, Susana Díaz, dado que Ciudadanos decidió no entrar en su gobierno a pesar de haber apoyado su investidura, ha logrado recuperar las tres consejerías que consiguió Izquierda Unida y dos más. Eso hace que el número de altos cargos probablemente aumente, lo que parece no disgustar al líder de Ciudadanos en Andalucía que dijo este miércoles que no se debían escatimar medios.
Lo que sí van a aumentar necesariamente es el número de personas de confianza o personal eventual, que se calcula en una media de 30 por Consejería a los que habría que añadir los puestos de libre designación dentro de la relación de puestos de trabajo. De este modo estaríamos hablando de 150 personas de confianza del PSOE en estas consejerías más los "libre designados": una apoteosis del régimen socialista instaurado en Andalucía.
El nuevo gobierno de Susana Díaz presenta cuatro características esenciales:
Mantenimiento de los pilares del régimen
La continuidad está en su número dos, Manuel Jiménez Barrios, para el principal puesto del Ejecutivo, vicepresidente y consejero de Presidencia, un cargo relevante teniendo en cuenta que deberá sustituirla cuando la presidenta disfrute de su baja por maternidad, que será durante el verano. Además de hace cargo de la Administración local, o sea, poder sobre Ayuntamientos y Diputaciones. De este modo, el ex alcalde Chiclana y miembro "traidor" del clan gaditano de Alcalá se convierte en una figura del máximo peso político.
Además, repiten los titulares de las consejerías esenciales y pilares básicos del poder como Hacienda y AA.PP donde sigue María Jesús Montero. Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, aunque pierde Sanidad que se convierte en Consejería independiente. Empleo, Empresa y Comercio, donde sigue José Sánchez Maldonado, si bien pierde Economía. Finalmente, sigue la mano derecha de Susana en los casos judiciales abiertos, que son muchos, el consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal Emilio de Llera, amigo personal, por cierto, de la nueva jueza sustituta de Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Las cuotas provinciales
Era tradicional en el PSOE el que las agrupaciones provinciales tuvieran presencia en el consejo de Gobierno andaluz. Almería recupera esa presencia con la nueva consejera de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, María del Carmen Ortiz. Cinco de ellos pertenecen a la provincia de Sevilla (la propia presidenta Susana Díaz y los consejeros Antonio Ramírez de Arellano, María Jesús Montero, Francisco Javier Fernández y Emilio de Llera). Granada y Málaga cuentan con dos representantes cada uno -Aquilino Alonso y María José Sánchez Rubio, y Adelaida de la Calle y José Sánchez Maldonado-. El resto de provincias cuentan con un consejero: María del Carmen Ortiz (Almería), Manuel Jiménez Barrios (Cádiz), Rosa Aguilar (Córdoba), José Fiscal (Huelva) y Felipe López (Jaén).
Ideología
Susana Díaz no va a dar por perdida la batalla ideológica, especialmente contra Podemos, por lo que da importancia a la Consejería de Cultura, donde sitúa a la excomunista Rosa Aguilar, buena conocedora de los entresijos del discurso radical. Por otra parte, sitúa en Educación a la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, que fue la que expedientó al podemista Íñigo Errejón por su incumplimiento de su contrato universitario.
Desafío
No tiene problemas Susana Díaz en dar un toque desafiante a su ejecutivo para aviso a navegantes.
El primer y más claro desafío es haber hecho consejero, y de Medio Ambiente, a José Fiscal, ex delegado del gobierno de la Junta en Huelva y hombre clave en las negociaciones que llevaron a la concesión de la mina de Aznalcollar al tándem Magtel (Minorbis)-grupo México, investigada judicialmente por una jueza que afirmó que en la operación había un cúmulo de irregularidades.
El segundo desafío es haber encomendado la economía andaluza a un rector universitario, el de Sevilla, cuya ocupación universitaria es la Física aunque tiene terminada la carrera de Economía desde 1999. En realidad, su especialidad es la Física de la Materia Condensada y políticamente, sus críticas a la política del gobierno Rajoy.
Pero el más suculento desafío se produce en la figura de Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga, que tiene en su haber una investigación judicial por cuenta de la Fundación de la Universidad pública de Málaga que resulta que es privada. Además, parece tener preferencia contractual por los imputados y/o sus esposas aunque, como dijo El Mundo, parece gustarle la idea de las agencias de colocaciones.
Francisco Triguero, secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía en 2014, fue imputado por prevaricación por haber firmado una ayuda de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar un instituto de investigación que ya no existía, el Centro para la Investigación del Bienestar Ciudadano (CIBIC). Fue mantenido en el cargo a pesar de la imputación formal y Adelaida de la Calle contrató a su mujer, Amparo Ruiz Sepúlveda, como asesora en la Dirección General de Universidades.
También contrató a Pilar Martínez, esposa de Antonio Lozano -imputado por el caso de los ERE-. Es más, puso al propio Lozano en el consejo de gobierno de la Universidad de Málaga y le dio un puesto en la Fundación Andalucía Tech, que dependía de ella para asesorar en el Campus de Excelencia Internacional.
Además la rectora, que nada menos que presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) tiene a un yerno colocado en la Fundación de la Universidad (FGUMA). El gerente de la fundación, José Antonio Molina, tiene a otro yerno colocado en la Fundación. Al haber sido contratados a dedo y sin prueba alguna, explicaron que la Fundación, investigada judicialmente y por la Cámara de Cuentas, es privada, o sea, que no tiene que ver con la Universidad de Málaga de la que toma su nombre y los alumnos a los cursos.
El Mundo descubrió que uno de sus hijos del gerente Molina estaba vinculado a la Fundación Eccus y hace unos meses la Universidad de Málaga adquirió un espacio cultural en el Campus perteneciente a Eccus por 100.000 euros. Además, Eccus obtuvo 800.000 euros de transferencias para distintas actividades de la Universidad a pesar de no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.