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Se desmorona la versión de la Junta sobre la adjudicación de Aznalcóllar

Una técnico de la empresa que intervino en la adjudicación ha testificado que no vio ni una sola cifra.

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Contra la jueza Patricia Fernández que investiga el caso y contra la actuación y atestados de la Policía, la Junta ha defendido que la adjudicataria de la mina de Aznalcóllar, Minorbis o Minera Los Frailes, según porque está en el aire, cumplía todos los requisitos exigidos en el concurso convocado a toda prisa por la Junta presidida por Susana Díaz y usado por ella misma en la campaña electoral de marzo de 2015. Pero una técnico de la empresa pública Invercaria, que intervino en la adjudicación de forma decisiva y que, según la Junta, investigó las finanzas de la opción ganadora, ha negado la mayor. Ha testificado que no vio ni una sola cifra sobre Minorbis o Grupo México, su socio solvente.

Pilar Trujillano, que así se llama la técnico de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria, confesó a la EDEF que no participó en ninguna evaluación de la oferta económica de Minorbis ni de Grupo México. Contó el pasado día 23 de junio y lo ha sabido El Mundo,  que ella sólo acudió a una reunión de la comisión técnica en sustitución de un compañero, que no podía asistir "por motivos familiares". Recibió instrucciones del consejero delegado de Invercaria, Francisco Álvaro, pero hasta entonces ni siquiera sabía la materia objeto de concurso ni en qué fase estaba el procedimiento.

Por tanto, la versión aportada por la Junta de que fue Trujillano la que certificó la solvencia financiera de la propuesta ganadora es falsa. No revisó ni un solo papel. Ni siquiera recuerda qué fue lo que ocurrió en aquella reunión. Sólo rememoró que en la reunión algunos hojearon la documentación que contenían los sobres de las ofertas, pero sin mayor detenimiento. Tras la reunión, que duró dos horas, llamó a Juan José García, el compañero al que reemplazó en la reunión, otro de los acusados y detenidos por la UDEF. 

Es más, Trujillano desmintió que hubiese comunicado a la mesa de contratación que Minorbis–Grupo México cumplía las exigencias económicas del procedimiento ni que hubiera contrastado las cuentas de grupo México en Internet.

Por si fuera poco, la técnica de Invercaria cuestiona los testimonios del jefe del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Iván Maldonado; del secretario general de Medio Ambiente de la Delegación de Sevilla, José Salvador Camacho; del jefe del Servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio, Julio Ramo, y del interventor delegado de la Consejería de Economía, José Marcos Acosta.

Debido a estas declaraciones, la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha llamado a declarar el próximo día 14 a Pilar Trujillano.

Magtel, socio de en la sospechosa adjudicación de Mina de Aznalcóllar, ha sido condenada por el Tribunal Supremo por incumplir un contrato de compra venta de una mini central hidroeléctrica que pretendía poner en marcha en Baeza (Jaén) y que no llegó a funcionar. La empresa condenada, Magtel Energías Renovables, una más del entramado societario de la familia López Magdaleno, no cumplió su parte del contrato para poner en marcha la central. Magtel acusaba a los vendedores de los terrenos y a los propietarios de los derechos hidroeléctricos, de la imposibilidad de abrir la central, pero el Supremo no lo ha visto así.

Magtel los acusó ante los Tribunales y les pidió la restitución de la señal de 232.000 euros, pero el Supremo ha decidido que fue la pasividad de Magtel las que hizo fracasar el proyecto. Así fue considerado previamente por la sentencia de 2013 de la Audiencia Provincial de Córdoba tras cinco años de la firma del contrato.  Ahora Magtel deberá abonar en su totalidad el precio pactado en el contrato, 696.000 euros más las costas. Lo hace refiriéndose a que "un Estado de Derecho" como el proclamado en España "requiere el sometimiento sin reservas al ordenamiento jurídico establecido y el respeto más escrupuloso al principio de presunción de inocencia", pese a lo cual "las acusaciones que, en el caso del concurso de adjudicación del derecho -preferencial- de explotación de la mina de Aznalcóllar, se han vertido contra los funcionarios ingenieros de minas que han intervenido en la elaboración del estudio técnico previo a dicha adjudicación, vulneran el segundo de los principios constitucionales invocados, perjudicando gravemente su honorabilidad".

Luego afirma estar muy preocupado, no por una adjudicación dudosa, sino por la frecuencia con la que se acude a la vía penal para dirimir cuestiones de naturaleza civil o administrativa, con la consecuencia añadida de su repercusión en la opinión pública, favoreciendo con ello la aparición de juicios paralelos en los que se vierten infundadas valoraciones y arbitrarias acusaciones, lesionando los legítimos derechos de la personas afectadas, como ocurre en este caso.

Finalmente conmina a la jueza Fernández a hacer un máximo esfuerzo para finalizar en el menor plazo posible la fase de investigación, aunque al final añade "sin perjuicio de que, en el supuesto que en la fase de investigación resultase probado la existencia de errores en el citado proceso de adjudicación, se depuren las responsabilidades que sean pertinentes".

Su decano, Felipe Lobo Ruano, ha sido un defensor de la política minera de la Junta y un firma impulsor de la resurrección del cobre en Andalucía, muerto por decisión socialista en los primeros años de la década del 2000.

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