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La munición del código penal contra los separatistas

La Fiscalía estudia acusaciones de sedición y otros delitos que conllevan penas de hasta 15 años de cárcel.

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La munición del código penal contra los separatistas
Parlamento de Cataluña | Archivo

Juntos Por el Sí y la CUP han consumado el siguiente paso en su particular desafío aprobando la resolución en el Parlamento de Cataluña para proclamar una "república catalana". Una resolución que choca frontalmente con el texto de la Constitución y que obliga a la respuesta política y jurídica desde la Administración del Estado y el Poder Judicial. El miércoles se reunirá de forma extraordinaria el Consejo de Ministros y el jueves arrancará la batalla jurídica.

Lo hará en el Tribunal Constitucional. Dada la claridad de los enunciados de la moción, los magistrados no deberían demorarse en la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad preparado por el Gobierno. Pese a invalidar automáticamente la resolución aprobada este lunes, el bloque separatista, remitiéndose a su llamada "hoja de ruta", no obedecerá. Si se cumple la literalidad de la misma, el análisis derivaría del ámbito meramente constitucional y la respuesta involucraría a las ramas del contencioso-administrativo y el Derecho Penal.

Delitos castigados con prisión

Ignorar un marco legal conduce a la necesidad de formular uno distinto. Según la resolución separatista, en un plazo de 30 días comenzará la tramitación parlamentaria de leyes. Pero ignorar la Constitución entraña también consecuencias jurídicas. La Abogacía del Estado y la Fiscalía estudian las acciones legales pertinentes por la vía penal contra el presidente de Cataluña en funciones, Artur Mas; la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell; y para los diputados que propusieron la resolución soberanista: Jordi Turull y Marta Rovira, de Juntos por el sí, y Antonio Baños y Anna Gabriel, de la CUP.

El incumplimiento de las resoluciones del Constitucional acarrea un delito de desobediencia, tal y como recoge el artículo 410 del Código Penal. Tras la reforma del tribunal de garantías impulsada por el Partido Popular, está entre sus capacidades imponer multas y suspender en sus funciones a autoridades y empleados públicos. Pero no obedecerán. Llegados a este punto, mientras progrese esa "hoja de ruta" hacia la ruptura se ampliará el catálogo de posibles delitos penales incurridos.

Delito de sedición. De acuerdo con el artículo 548 del Código Penal, se dirige hacia quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes. Si es una autoridad política quien comete la sedición o sublevación, como en este caso, se enfrentaría a una pena de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación. Consideran los expertos de la Fiscalía que la justicia sancionaría este delito en caso de que se produzca un alzamiento de un sector de la población a cargo de los responsables políticos. En un peldaño inferior se encuentra el delito de conspiración, castigado con, al menos, dos años y medio de cárcel. En cualquier caso no eludirían el ingreso en prisión.

Delito de rebelión. Atendiendo al artículo 572 del Código Penal, es un acto de rebelión "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La pena tipificada oscila entre diez y quince años de prisión e inhabilitación absoluta. Se pondrían en relieve también el delito de usurpación de atribuciones por la consulta popular convocada por el Gobierno autonómico de Mas sin tener competencia para ello y el delito de ultrajes a España, ambos contemplados por la Ley.

La pelota en su tejado

Todo dependerá de la actuación de los grupos independentistas. En función de los pasos que den a partir de ahora aflorarán o no los indicios de delitos penales, pero también otras figuras delictivas como la desobediencia al Tribunal Constitucional e incluso la malversación de fondos públicos por financiar con dinero del Estado conductas presuntamente ilegales.

Según publican algunos medios Moncloa liderará la respuesta política que se armaría con la suspensión de las nuevas remesas del Fondo de Liquidez y el control de la Policía de la Generalidad, es decir, los mozos de escuadra. Son las medidas previas antes de recurrir al famosos Artículo 155 de la Constitución que el Gobierno de Mariano Rajoy, como ha reconocido en varias ocasiones, quiere evitar a toda costa.

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