El 11 de enero arranca el juicio del caso Nóos con 18 acusados en el banquillo. Entre ellos se encuentra la Infanta Cristina y los dos principales investigados, Iñaki Urdangarín y su exsocio al frente de la entidad que funcionó como el supuesto epicentro de la red de corrupción. Este último, Diego Torres, reitera la legalidad de las actividades Instituto Nóos y se opone a la tesis de la acusación, según la cual se dio un destino irregular a los más de seis millones de euros obtenidos de las Administraciones públicas por esta entidad.
Su abogado, Luis Atienza, avala la utilización, por parte de Urdangarín y Torres, de una "compleja estructuración societaria" y varias empresas para materializar sus proyectos. Una versión que dista mucho del informe de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta a que los socios emplearon este entramado para delinquir y apoderarse de dinero público. El Ministerio público reclama en concreto 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y 16 y medio para Torres por poner en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdir "una maraña de facturación ficticia" para desviarse el dinero que obtuvieron de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Esa estructura es la fundación Nóos, que habrían manejado a su antojo con otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Defensa de Torres
Torres se defiende a tres semanas para el juicio. Su abogado argumenta que Nóos nació mucho antes de la celebración de los eventos para los que percibió hasta 6,2 millones de euros públicos -los Illes Balears Forum y los Valencia Summit-, con el objetivo de promover la celebración de encuentros y la publicación de artículos. Según el informe pericial, su "misión fundamental" consistía en servir de punto de encuentro de profesionales y promover la difusión del conocimiento a través de cursos, conferencias y seminarios. Cita a colación más de cien investigaciones impulsadas por la entidad.
Respalda también que para el desarrollo y organización de los eventos se eligieran empresas subcontratadas de la propiedad de Urdangarin y Torres. Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, cuya intervención en la trama permitía, según los investigadores, que los fondos obtenidos fuesen repartidos entre los dos exsocios. Anticorrupción explica que, para defraudar a las instituciones públicas, fijaban precios desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. La defensa se opone en bloque a todas estas premisas.
"Lo que existe es un grupo de sociedades que, provistas de los adecuados medios humanos y materiales, desarrollan las actividades propias de su objeto social", señala la pericial, insistiendo en que las mercantiles "gozan de vida propia, autonomía y son independientes patrimonialmente". Se refiere por último al posible delito fiscal cometido por su patrocinado, acusado de defraudar más de 230.000 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos en 2007. En este sentido, recalca que todas las entidades del grupo tributaron de forma efectiva por el anterior gravamen, lo que "no supone sanción alguna ni administrativa ni penalmente".
Desvío de fondos al extranjeros
Constituye el otro eje de la investigación. La supuesta red fiduciaria de la que supuestamente se sirvieron los socios de Nóos para desviar fondos al extranjero. El escrito de defensa de Diego Torres argumenta que fue constituida para facilitar el desarrollo de las actividades impulsadas por Nóos a nivel internacional, así como la contratación de ponentes nacionales y extranjeros para los diferentes congresos y eventos. En contra, la Fiscalía presume que perseguía ocultar a los verdaderos beneficiarios de actividades ilícitas y rebajar la tribulación fijada en España.