"Reconociendo su participación, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente" y añadiendo su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, "queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado". Con eso se libran de la cárcel los 35 miembros de Batasuna acusados en el juicio a la cúpula, reconstruida en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y la Asociación Nacionalista Vasca (ANV).
En medio de una vista que comenzó en diciembre, con casi un año de retraso, los terroristas han pactado con la Fiscalía. Admiten ante el tribunal que les juzga en la Audiencia Nacional su relación con ETA y, a cambio, ven rebajada sus condenas hasta un máximo de dos años, sin llegar al mínimo efectivo de dos años y un día para ingresar en prisión. El Ministerio Fiscal pedía inicialmente penas de 10 años de cárcel para los encausados.
La Asociación de Víctimas del terrorismo y Dignidad y Justicia anticiparon este acuerdo del que han formado parte y que pasa por la reparación del sufrimiento de las víctimas. Para rebajar las penas de cárcel que reclamaba la Fiscalía se ha tenido en cuenta el tiempo que algunos de ellos han cumplido por los hechos punibles en prisión preventiva, según fuentes de la Fiscalía.
Dirigentes terroristas
Entre los 35 acusados figuran dirigentes terroristas como como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, se enfrentaban a una petición de diez años de prisión por parte de la Fiscalía y otros diez de inhabilitación absoluta por integración en ETA. También la exalcaldesa de Mondragón (Guipuzcoa), Inocencia Galpasoro, o la exdiputada Karmele Berasategui. El fiscal subrayaba en su escrito la "sumisión" de las formaciones PCTV y ANV a las directrices marcadas por la entonces ya ilegalizada Batasuna.
Las víctimas han aprobado el acuerdo gracias a que los acusados han firmado un escrito que se incorpora como hecho probado en la sentencia en el que reconocen que su conducta "fue contraria a las leyes del Estado" y "se comprometen a la renuncia de cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia". Ese reconocimiento quiere contribuir "a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento que se les ha causado", según la AVT y Dignidad y Justicia, que afirman que han aceptado el acuerdo "velando siempre por el mejor interés" de los afectados por el terror.
Ha influido también la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en julio de 2015 en el caso de las herriko tabernas. En aquella ocasión, se impusieron condenas inferiores a las pactadas. Recuerdan las víctimas que el artículo 579 bis incluido el año pasado en el Código Penal admite la atenuación de la pena a quienes hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y colaboren con las autoridades.