Nadie sabe a estas alturas dónde terminaba el Partido Popular y dónde empezaba el entramado del caso Gürtel. Tanto que la formación política colocaba a trabajadores en las empresas del cabecilla confeso Francisco Correa. Es la principal aportación de Isabel Jordán, administradora de una de esas sociedades, que también ha suministrado un nuevo nombre: el del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.
Tal y como ha explicado Jordán, eran "amigos conocidos". Hernando, que se ubicaba entonces en el área electoral del partido, consiguió que su jefe le hiciera una entrevista de trabajo en 2002. Le facilitó el contacto del secretario electoral del Partido Popular en aquel momento, Jesús Sepúlveda, a la postre alcalde de Pozuelo de Alarcón y marido de la exministra Ana Mato. Después de un encuentro en la sede nacional de la calle Génova, este último le presentó a Francisco Correa. Una cadena entre el PP y la Gürtel que acabó con la candidata organizando mítines en una de las empresas de la trama.
"Pensé que iba a trabajar para el partido, pero resultó que era para las empresas" del jefe de la red corrupta, ha precisado Jordán, que se enfrenta a 39 años de cárcel como integrante del núcleo duro de la Gürtel. "Realmente había trabajado siempre en temas de organización de eventos, congresos, tuve interés y hablé con Correa", ha matizado.
Regañada con ellos
Las rencillas del pasado convierten a Isabel Jordán en una inquilina particular entre los miembros del banquillo de los acusados. Perteneció al núcleo duro del grupo Correa, el puñado de personas de la confianza del líder que trabajaban con Don Vito en el día a día. Sin embargo, como confirmó el propio cabecilla en su comparecencia, salieron regañados cuando descubrió que gastó 400.000 euros en apenas tres meses con tarjetas de la empresa. Lo hizo comprando en boutiques de lujo como Loewe, Chanel y Louis Vuitton.
Aunque resulta evidente la relación tensa entre Jordán y las primeras espadas de la trama, Jordán ha negado el comportamiento que se le atribuye. Ha contado que le pidió a Crespo un aumento de sueldo cuando cobraba unos 3.000 euros mensuales porque "no llegaba a final de mes". Dado que a Correa "no le gusta subir el sueldo en las nóminas", acordaron que cada tres meses percibiría un suplemento de 2.000 euros. "Como no me los daban, Crespo me dijo que podía hacer gastos personales con la tarjeta".
En este punto del interrogatorio, ha narrado un episodio que dibuja las vestimentas de la trama Gürtel. Según Jordán, utilizaba para los desplazamientos de trabajo un Range Rover y un Mini Cooper de alta gama. Sus superiores jerárquicos le obligaron en 2006 a que dejara "inmediatamente" su Peugeot porque "era de funcionado y no representativo".
También ha hablado del motivo que seguramente explique la tensión con Correa. Por orden del cabecilla, pidió a una de las empleadas del grupo que retirase del banco 55.000 euros y 110.000 euros. Jordán acompañó el 11 de octubre de 2007 a la empleada para retirada de la segunda cantidad y se la llevó "a buen recaudo" con la intención de "solucionar" problemas en el pago de IVA. Sin embargo, como ese momento coincidió con su intento de consumir su relación laboral con la Gürtel, se quedó con el dinero porque un abogado laborista le advirtió de que no le iban a pagar la liquidación que le debían.
Contratos con la Comunidad de Madrid
La tranquilidad del interrogatorio se ha alterado en dos tiempos. Primero cuando Miguel Durán ha escuchado cómo a sus preguntas Jordán respondía que "las facturas en B para llevarse el dinero las generaba su cliente Pablo Crespo", supuesto número dos de la trama. En este capitulo de acusaciones, también ha descubierto que Javier Nombela, exempleado del grupo Correa y ex asesor del Ayuntamiento de Madrid, se encargaba de la gestiones de las empresas en los bancos y las cajas. Aunque la temperatura ha subido sobre todo en relación a contratos supuestamente amañados en la Comunidad de Madrid.
Isabel Jordán ha mencionado el famoso fraccionamiento o troceo de facturas como una petición expresa de la Administración: "Era la Comunidad la que decía el concepto que había que cambiar, la persona a la que había que dirigirse o si había que cambiar el año para facturar". Al parecer, para posibilitar el dedazo, multiplicaban las facturas para disminuir los montantes y que la adjudicación no necesitara de concurso público.
Aunque "casi todos los eventos eran para Esperanza Aguirre", ha señalado que el hombre con el que negociaban los amaños era el exdiputado regional Alberto López Viejo. El letrado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, ha vuelto con su reiteradamente denegada petición de que declaren los altos cargos de aquel Gobierno regional.