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El bloque separatista quiere abrir los ayuntamientos el Día de la Constitución

Tras la manifestación de apoyo a los cargos electos encausados e investigados, retarán al Estado con un 6 de diciembre laborable de cara a la galería.

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Los partidos que impulsan el proceso separatista en Cataluña pretenden dar un paso más en la política de gestos y desobediencia con una apertura masiva de ayuntamientos el Día de la Constitución. Se trataría, como en el caso de Badalona el pasado 12 de Octubre, de un acto simbólico. Ningún funcionario estaría obligado a trabajar, pero alcaldes y concejales abrirían las puertas para atender a los militantes y simpatizantes de sus partidos.

La iniciativa, según informa el periódico Nació Digital, partió de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y ha sido adoptada por los partidos PDECat, ERC y la CUP como propia. Los ayuntamientos en los que gobiernen estas formaciones abrirán el 6 de diciembre, salvo los más pequeños, puesto que se prevé que el puente festivo provoque muchas bajas entre los ediles que no tienen dedicación exclusiva.

El principal escollo, sin embargo, no es el puente sino la posición que adopte al respecto Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau. Si el Consistorio de Barcelona abre el Día de la Constitución la acción conseguirá un mayor eco,afirman los promotores del nuevo gesto.

El éxito de la acción se medirá, por tanto, con lo que ocurra en Barcelona. No es previsible que Lérida y Tarragona, gobernadas por el PSC, se sumen a la iniciativa mientras que Gerona, en manos convergentes, sí lo hará. El Gobierno de la Generalidad se muestra solidario con la iniciativa, pero no ha previsto celebrar su habitual reunión de los martes, día en el que cae el festivo. Algunos consejeros acudirán a sus puestos de trabajo, como ya sucedió el pasado 12-O con Oriol Junqueras, pero la acción también se pretende simbólica y sin implicar a los funcionarios.

La CUP quiere que también se trabaje en el parlamento autonómico, pero tal medida está descartada por el momento para proteger jurídicamente a Carme Forcadell, que ya ostenta la condición de investigada por la votación de la resolución separatista de la comisión del "proceso constituyente".

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