La Generalidad, el PDeCAT (la antigua Convergencia) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) quieren convertir el 6 de febrero, fecha en la que comienza el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una jornada reivindicativa con una manifestación "histórica" a las puertas del edificio judicial.
Ya no vale con la asistencia de alcaldes, consejeros, diputados y altos cargos. Es preciso, según los convergentes, realizar una exhibición de fuerza en la calle que condicione por completo el desarrollo del juicio y abra a lo grande el rosario de movilizaciones que deben desembocar en el referéndum del próximo septiembre si es que no se adelantan las elecciones autonómicas.
Se detecta cierto nerviosismo ante la capacidad de convocatoria en un lunes laborable, razón por la que la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, ha reiterado este jueves en el parlamento catalán sus declaraciones al diario Ara en las que consideraba "normal y necesario" que los funcionarios se tomen un día de asuntos propios para manifestarse en contra de lo que el nacionalismo considera "judicialización de la política".
Presión a los funcionarios y "sacrificio"
Preguntada en sede parlamentaria por el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra si no le daba vergüenza, la consejera respondió que "en absoluto" y negó que se pretenda utilizar a los funcionarios como herramienta política. Esta presión sobre los funcionarios es posterior al llamamiento realizado por el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, quien afirmó que había llegado la hora de los "sacrificios" y puso como ejemplo que los trabajadores renunciaran a un día de vacaciones para plantarse ante las puertas del TSJC.