Se sabía que el final de la Comisión de Investigación sobre el fraude de la formación puesta en marcha por el Parlamento andaluz, no iba ser bueno. Mientras PP, Podemos e IU, responsabilizaban a Susana Díaz de lo ocurrido con tales subvenciones y fondos, PSOE y Ciudadanos se negaron a hacerlo. Era difícil encontrar un dictamen común a todos tras año y medio de discordancias y desacuerdos.
Pero lo ocurrido en estas últimas horas convierte el término de la Comisión en un esperpento parlamentario puesto que Izquierda Unida ha acusado al presidente de la Comisión, Julio Díaz, diputado de Ciudadanos, de haber plagiado parte de sus conclusiones y, consecuentemente, haber plagiado un artículo que incluyó en las mismas. Junto con Podemos, IU ya ha pedido la dimisión de Díaz. El PP ha silenciado el tema pendiente de las negociaciones sobre el futuro del presidente de la Comunidad de Murcia.
Varios medios andaluces subrayan que entre las 136 páginas del dictamen final de Julio Díaz se ha incluido casi entero un artículo escrito para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el 'think-tank' de Ciudadanos donde impulsa Luis Garicano, por Sara de la Rica, profesora de la Universidad del País Vasco.
Se han contado 14 folios, esto es, más del diez por ciento del total del dictamen, que contienen textualmente el artículo 'Políticas activas de empleo: una panorámica', de de la Rica. Pero, sorprendentemente, por lo abultado de la cita – 14 folios -, el artículo no está incluido en la bibliografía que se relaciona. Es más, el artículo casi completo se presenta en el dictamen como el Capítulo Cuarto del mismo y titulado "Las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo".
Julio Díaz ha asegurado que se trata de un posible error de transcripción a pesar del número de páginas reproducidas sin referencia a autor alguno. Sin embargo, Albert Rivera ha respaldado al responsable de la Comisión que ya ha determinado que no renunciará a su puesto porque "no ha habido mala fe", sino que no lo advirtió.
Tras este nuevo escándalo y dadas las circunstancias poco esperan que haya finalmente dictamen común en esta Comisión que debería votarse a finales de marzo. Recuérdese que tampoco lo hubo en la comisión de los ERE.
El PP-A ha presentado 189 enmiendas que quieren suprimir 371 párrafos del texto de partida, el 60% del total, y subraya la "responsabilidad política" de la jefa del Gobierno autonómico, Susana Díaz, en cuyos años de presidencia "se han perdido 800,3 millones de euros que se tenían que dedicar a actuaciones en materia de formación profesional para el empleo". Además, señalan como responsables al titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado y a la responsable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.
IU, que igualmente considera responsable a Susana Díaz no hay duda de que existió una "red clientelar" y de un "fraude" políticos respecto del "deber de buen gobierno y buena administración". Además, creen responsable también a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por no asistir a la Comisión y al ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, por su falta de respeto hacia la misma.
Podemos ha presentado 38 enmiendas y, como el PP, desea "reformar" el dictamen en casi un 60 por ciento. Al igual que IU, cree que Fátima Báñez y Susana Díaz son responsables y lamenta que la comisión no haya querido escuchar "a los formadores ni a los alumnos".
El PSOE-A niega que haya pruebas o evidencias pruebas ni evidencias" para sostener la presencia de una trama organizada, en concordancia con las posiciones de la juez Núñez Bolaños y la Fiscalía. Tampoco admiten negligencia ni pasividad ni permisividad. Contra estas teorías, elabora otra, la de que hay una "causa general contra el Gobierno andaluz y el PSOE.
Marín prefiere centrarse en el Impuesto de Sucesiones
En medio de la acusación por plagio y tras las manifestaciones contra el Impuesto y la relevancia de los datos revelados por Libre Mercado que ponen de manifiesto que heredar en Andalucía cuesta 100 veces más que en Madrid y 1.000 veces más que en Canarias, Juan Marín ha optado por poner como condición futura de pactos la eliminación del Impuesto de Sucesiones.
Ayer mismo, Marín afirmó en sede parlamentaria que Ciudadanos pactará en el futuro con quien se comprometa definitivamente a eliminar el Impuesto. Pese a considerarlo injusto, en ningún momento de esta legislatura ha colocado la eliminación del mismo como condición indispensable para seguir con los acuerdos que sustentan el gobierno de Susana Díaz. De hecho, se ha conformado con una pequeña reducción con errores de bulto.
Ahora, en vísperas de la decisión que debe adoptar Susana Díaz en las primarias socialistas, Marín hace suyo el discurso del PP andaluz, que desea la eliminación del impuesto, si bien admite que sería compatible que fuera secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía.
Marín sabe perfectamente que sin un acuerdo con el PSOE la propuesta de eliminación no puede salir adelante con los votos de IU y Podemos en contra. Pero el PSOE andaluz consideran que el importe recaudado por este impuesto es esencial para Andalucía y aconseja al PP que lo elimine él mismo desde el gobierno de la Nación compensando a Andalucía por sus pérdidas fiscales.