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Ofensiva de la Fiscalía contra el proceso separatista

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga a los proveedores de la Generalidad y la del TSJC, al gobierno catalán.

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Romeva, Munté, Junqueras y Puigdemont | EFE

Los contratistas de la Generalidad están en el punto de mira de la Fiscalía, pero no sólo por el tres por ciento. La Guardia Civil irrumpió el pasado viernes, 31 de marzo, en unas veinte empresas de Madrid y Barcelona para requerir información sobre los trabajos que realizan para la administración autonómica.

Se trata de sociedades y consultoras dedicadas a la informática y la seguridad, algunas de ellas multinacionales, y los fiscales de la Audiencia Nacional pretenden obtener información sobre los contratos suscritos con la Generalidad para montar la "Agencia Tributaria" catalana, que depende del vicepresidente autonómico Oriol Junqueras, y los "servicios de inteligencia".

Las empresas tienen un plazo de ocho días para poner a disposición de la Fiscalía toda la información sobre los contratos, costes, personal afectado, si los trabajos se realizan en dependencias de la Generalidad, programas instalados y una larga relación de detalles sobre las llamadas "estructuras de Estado". Según informa El País, uno de los objetivos del Ministerio Público es cortocircuitar la puesta en práctica de una hipotética declaración de independencia al desmantelar el aparataje de registro de datos protegidos de los ciudadanos de Cataluña que lleva a cabo la Generalidad.

Delito de cárcel

A diferencia de lo ocurrido con ocasión del 9-N, las instrucciones de los fiscales incluyen la investigación por el delito de malversación de caudales públicos, un delito que a diferencia de los de desobediencia y prevaricación implica penas de prisión. En la investigación instada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la campaña oficial de registro de catalanes en el exterior, se incluye ese supuesto, igual que en lo relativo a las indagaciones de los fiscales adscritos a la Audiencia Nacional.

A pesar de que las confesiones del exjuez independentista Santi Vidal, que declaró que la Generalidad disponía de todos los datos fiscales de los catalanes, provocaron su dimisión como senador de ERC y un rotundo desmentido por la Generalidad, tanto Junqueras, como Puigdemont y otros dirigentes del proceso separatista se jactan de que está todo preparado para celebrar el referéndum y proclamar la independencia.

Tener a punto una Hacienda catalana es la prioridad absoluta en el departamento de Junqueras, que si bien niega a Vidal, alega que hay bases de datos abiertas con las que montar un censo fiscal que se haga cargo de la recaudación de impuestos el día después de la proclamación de la república catalana.

En cuanto a los "servicios de inteligencia", los nacionalistas creen que todas las administraciones catalanas están "infiltradas" por el Estado y presumen de contactos con el Mossad en sus denodados y costosos intentos por activar un sistema de contraespionaje.

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