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El Tribunal Constitucional suspende la partida para el referéndum de los presupuestos catalanes

El Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad.

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Invalidadas provisionalmente las reservas para financiar el referéndum separatista de los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017. El Pleno de Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad la impugnación del Gobierno. De acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución, la aceptación de un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo conlleva la suspensión cautelar inmediata de las cuestiones refutadas. Este período de cuarentena previsto en el marco legal puede mantenerse durante un máximo de cinco meses hasta que el tribunal resuelva sobre el debate de fondo y es extensible por los propios magistrados.

Esta decisión, la primera de calado desde la última renovación de un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional, demuestra que el nuevo presidente Juan José González Rivas apuesta por la continuidad. Del mismo modo que su antecesor en el cargo Francisco Pérez de los Cobos, buscará la unanimidad del órgano en aquellas cuestiones especialmente delicadas por su trascendencia y repercusión nacional.

Recurso del Gobierno

El Gobierno de Mariano Rajoy mantiene inmutable su estrategia contra el desafío separatista catalán. A cada acción de Carles Puigdemont y los suyos, una reacción en los tribunales. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra las partes de los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017 relacionadas de forma directa o indirecta con la celebración del anunciado referéndum para la ruptura con España. En concreto, la disposición adicional 40 y otras partidas presupuestarias referidas a los "procesos electorales y consultas populares" y los "procesos de participación ciudadana".

Disposición adicional 40:

El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.

El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, del 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias».

"Una vez más, desde el poder público en Cataluña se ha actuado al margen de la legalidad, obligando al Gobierno de la Nación al planteamiento de la presente impugnación", sostiene el Ejecutivo en el recurso. "Ahora bien, resultaría erróneo considerar que se trata de una impugnación más. Lo cierto es que esta vez se pretende culminar el llamado proceso constituyente en 2017 y que un elemento esencial de tal culminación es la celebración del referéndum. Tal referéndum precisa para su realización de financiar los gastos propios de su organización por la Generalidad, y la Ley cuya impugnación se insta pretende servir a este objetivo".

El Gobierno acudió al Tribunal Constitucional porque entiende vulnerada la Carta Magna. Como en los recursos precedentes sobre el pulso catalán, invoca argumentos relacionados con la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, circunscrita ahora a la cuestión del referéndum, "y no en un referéndum cualquiera, sino aquel con el que se pretende culminar el llamado proceso constituyente en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho a decidir solo puede ser válido en el marco y con el respeto a los procedimientos establecidos en el vigente orden constitucional".

Desafío anunciado

El recurso apunta a Juntos por el Sí y la CUP, los grupos políticos que continúan promoviendo el proceso rupturista pese a estos reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional. "Desde la Generalidad de Cataluña se afirma públicamente con toda contundencia y máxima responsabilidad, con carácter institucional, la voluntad decidida de realizar el referéndum en 2017". El Gobierno pone de ejemplo declaraciones del presidente Puigdemont –donde se comprometió a impulsar la votación "como muy tarde en septiembre de este año con todas las garantías jurídicas y democráticas"– y notas de prensa oficiales, "puesto que es público y notorio que desde la Generalidad de Cataluña se ha asumido el propósito de la convocatoria en este año 2017 de un referéndum»".

El Gobierno recuerda que el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña "ha afirmado la inconstitucionalidad y antiestatutariedad de una previsión análoga a la finalmente recogida por la Ley en la disposición adicional 40, y los servicios jurídicos del Parlamento catalán han puesto de manifiesto la inconstitucionalidad del objeto de la impugnación que se insta". De esta forma, el Consejo de Ministros alude al "compromiso inequívoco" con la celebración de la consulta".

Investigación de la Fiscalía

Sigue abierta en paralelo la investigación sobre el referéndum separatista que cocinan desde hace meses Juntos por el Sí y la CUP. La Fiscalía impulsó la semana pasada diligencias para atajar el problema de raíz, incluso antes de la convocatoria oficial de una consulta que en la imaginación del Gobierno de Carles Puigdemont será vinculante y con septiembre como fecha límite. El Ministerio Público informó mediante una nota difundida a los medios de comunicación que estudia posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Una serie de ilícitos, que llevan aparejadas penas de cárcel, derivados de momento de la publicidad institucional que recogió el jueves el diario La Vanguardia:

"¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña?" "¿Ya se han inscrito en el registro de catalanes residentes en el exterior?" "¿Sí o no?". "Sumándote, podrán tener muchas más ventajas y hacer oír su voz".

Con respuesta por parte del Ministerio Público:

"Ante diversas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en relación con los preparativos para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en frontal infracción con las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, del que pudiera ser muestra la publicidad institucional insterada en el diario La Vanguardia en su edición de ayer (Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior), la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha abierto en el día de hoy diligencias de investigación por si se desprenden indicios de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".

Como en el caso 9N –la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional de noviembre de 2014 que ha costado irrisorias condenas de inhabilitación a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, la Fiscalía se centra en los "preparativos" del referéndum anunciado.

Las diligencias surgieron horas después de que la Generalidad abriera un concurso para seleccionar a potenciales empresas proveedoras de sobres y papeletas valorado en un máximo de 775.714 euros. En la misma fecha, el Parlamento catalán aprobó las cuentas de 2017 en las que se refuerza el referéndum independentista con una partida oculta de 5,8 millones de euros. Aprovisionamiento que, en principio, según aparece en este portal de contratación, se destinaría a unas elecciones autonómicas al Parlamento pero que suscita la duda en algunos sectores, aunque ningún partido se ha atrevido a vincularlo con el referéndum.

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