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La Generalidad planea utilizar a los parados para montar el referéndum

La diputada de Junts pel Sí Marta Rovira afirma que ya se ha hecho en otras elecciones y que es legal para organizar las votaciones.

La diputada de Junts pel Sí Marta Rovira afirma que ya se ha hecho en otras elecciones y que es legal para organizar las votaciones.
Puigdemont posa con sus notificaciones | @KRLS

La diputada Marta Rovira, jefa de la cuota de ERC en el grupo parlamentario de Junts pel Sí, ha destapado este martes que el Gobierno de la Generalidad planea recurrir a desempleados para que organicen el referéndum en calidad de "voluntarios". Rovira, en declaraciones a la emisora del conde de Godó, sostiene que esa es una práctica legal, que hay experiencias en el ámbito municipal (ha citado los casos del Hospitalet y Mataró) y que es una de las opciones que baraja la Generalidad para sortear los obstáculos judiciales.

Neus Munté, portavoz del gobierno regional, ha desautorizado a Rovira tras las fuertes críticas de la oposición a la medida. Según Munté, "de lo que hace o deja de hacer el Govern sólo habla el Govern" y no le "consta que se esté valorando esa opción". No obstante, también ha remarcado que el ejecutivo trabaja para la realización del referéndum "de la forma más discreta posible porque si el Gobierno del Estado no explica sus estrategias nosotros tampoco tenemos que hacerlo".

Requerimiento del TC

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo regional Munté también ha explicado que se ha recibido el requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) en el que se advierte a los miembros del gobierno catalán de la suspensión parcial de los presupuestos en lo relativo a las partidas destinadas al referéndum y de sus responsabilidades penales si continúan adelante. Puigdemont se ha retratado con las cinco notificaciones recibidas por parte del TC y un cuadro de Tàpies con el eslogan "Catalunya endavant" y ha colgado la foto en la red social Twitter. "No dejaremos de ir hacia adelante", ha escrito el president.


Pese a la aparente determinación del gobierno catalán, el vicepresidente y líder republicano Oriol Junqueras se niega por el momento a dar la orden por escrito a la consejería de Gobernación, en manos de Convergencia, para que compre ocho mil urnas. La desautorización de Rovira por parte de Munté se añade a las fuertes discrepancias y evidentes recelos entre convergentes y republicanos. Los primeros reprochan a los segundos que en sus filas no hay ningún inhabilitado y exigen a Junqueras un gesto que le comprometa con el referéndum más allá de los llamamientos a la unidad y la retórica desafiante.

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