Convergencia Democrática de Cataluña se financió de forma ilícita a golpe de comisiones. Si el sumario del caso Palau, entre otros, muestra un alud de evidencias en esta línea, un testigo lo ha vuelto a confirmar ante el Tribunal. Y no uno cualquiera. Se trata de un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. En sus palabras, está "completamente seguro" de que la constructora Ferrovial entregó "comisiones ilícitas" a la formación separatista.
Durante su declaración, el agente ha ratificado el contenido de un informe que firmó en febrero de 2012. Las conclusiones apuntaban a que Ferrovial utilizó sociedades "como capas de cebollas interpuestas" para hacer llegar las mordidas a Convergencia, al parecer, a cambio de la adjudicación de contratos públicos desde las Administraciones controladas por el partido, por ejemplo, de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont.
El inspector de la UDEF entiende que el caso de Ferrovial "pudiera no ser el único en el que se atisba un desvío de fondos" hacia Convergencia. Sin señalar ningún otro nombre, sí dirige la mirada a constructoras o empresas de servicios de agua y autopista podrían haber participado en concursos "cuyo resultado pudiera estar viciado por estas aportaciones".
"Sobre Ferrovial, mi conclusión es que las donaciones no son tal, se trata de una comisión ilícita que en este caso, para mí, servía luego para financiar al partido político. En el caso de Ferrovial estoy completamente seguro. Ratifico la conclusión de mi informe". El testigo ha puntualizado los distintos entes mediante los cuales Convergencia habría ingresado los fondos en B: la fundación Trias Fargas -actual Catdem- o la Fundación Fórum Barcelona, que concedían créditos ficticios a la formación para camuflar esas inyecciones de capital.
Como en el caso del 3% y otros de presunta corrupción en la política catalana, además de los créditos ficticios las comisiones se habrían encubierto a través de "facturas falsas", es decir, pagos a servicios de proveedores "que no se habían prestado".
Extesorero en libertad bajo fianza
Andreu Viloca está imputado en el famoso caso del 3% por los delitos de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales. El extesorero de Convergencia habría actuado como mediador en las comisiones del 3% sobre el valor total la adjudicación que el partido rupturista habría cobrado sistemáticamente a ciertas empresas como comisión a cambio de conceder contratos de obra pública.
En el juicio por el caso Palau, Viloca ha comparecido en calidad de testigo y con la obligación de decir verdad, puesto que de lo contrario se enfrentaría a un delito de falso testimonio. Aun bajo esa premisa, ha asegurado que no conoce ningún tipo de entrada de dinero en el partido. Aunque la Fiscalía no le ha formulado ninguna pregunta, el hombre que manejó las cuentas de Convergencia y que sucedió en el cargo al acusado Daniel Osàcar -que afronta una petición de siete años y medio de cárcel- ha negado la mayor.
"Las donaciones que venían de forma legal y formal eran contabilizadas dentro de la contabilidad del partido, de forma legal. No conozco ninguna otra entrada de dinero que no fuera esta. Todo era oficial y se contabilizaba", ha insistido Viloca acompañado en el juicio por Francesc Sánchez, responsable de servicios jurídicos de Convergencia.