A las seis de la tarde, el momento previsto para el inicio del pleno en el Parlamento de Cataluña con el discurso del presidente Carles Puigdemont, los líderes de Ciudadanos, PSC y PP, Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol, departían amigablemente en el hemiciclo, ante la sospechosa ausencia de las bancadas independentistas.
Tardaban poco en abandonar el lugar central de la cámara, momento en el que saltaba la noticia: el pleno se retrasaba una hora y la mesa, el órgano de Gobierno de la cámara, se reunía de urgencia.
Lo hacía para estudiar un escrito presentado horas antes por Ciudadanos y el PP en el que se solicitaba la suspensión del pleno, pero, sobre todo, porque el propio Puigdemont había pedido un retraso de una hora para comenzar su intervención en la tribuna.
¿Un mediador de última hora?
La gran pregunta era, entonces, por qué necesitaba un receso. Dos hipótesis corrían de boca en boca en los abarrotadas pasillos de la cámara autonómica. La primera, que había discrepancias de última hora con la CUP sobre el contenido del discurso en el que, a la postre, Puigdemont pedía una "suspensión temporal" de su no nata declaración de independencia. La segunda hipótesis, subrayada por fuentes de la Generalidad, era que se trataba de dar a conocer a su socios parlamentarios una oferta de mediación recibida a última hora.
Lo cierto es que Puigdemont y su Estado mayor, en el que ocupan un lugar destacado el expresidente Artur Mas y el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, se reunían con miembros de las CUP durante casi una hora.
Durante el tiempo que duraba la misma el líder del PP, Xavier García Albiol, aseguraba que si en la declaración de Puigdemont no quedaba "clarito, para que lo pueda entender un niño de diez años" que había una renuncia al "proyecto de ruptura" el Gobierno estaría "legitimado" para aplicar "todas las vías", una alusión inequívoca al artículo 155 de la Constitución.