Menú

La Audiencia Nacional investiga las llamadas de Trapero, Sánchez y Cuixart

La juez Lamela ha solicitado información sobre las cuentas y productos financieros de ANC y Omnium.

0
Fachada nueva sede Audiencia Nacional | EFE

La investigación en la Audiencia Nacional por el supuesto delito de sedición alcanza estos días su máximo esplendor. La juez Carmen Lamela recopila más indicios contra los cuatro imputados por el momento: los presidentes de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; el Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente del cuerpo Teresa Laplana. Para perfilar su presunta responsabilidad penal, la magistrada rastreará el tráfico de llamadas de los investigados por sedición entre los días 15 de septiembre y 2 de octubre. Además, ha solicitado a la Asociación Bancaria Española y la Confederación Española de Cajas de Ahorro la información sobre las cuentas y productos financieros de ANC y Òmnium para su investigación en la causa.

Otros juzgados en Cataluña tramitan causas en paralelo por la inacción de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. En este sentido, un instructor de Lérida ordenó la recopilación de las comunicaciones de la Policía autonómica catalana en la Comisaría de la ciudad y en el CTTI de Hospitalet. La Guardia Civil también ha intervenido el centro del 112.

Lamela ordenó el ingreso en prisión incondicional para Sánchez y Cuixart. Por su parte, Trapero permanece en libertad con medidas cautelares. En concreto, con comparecencias quincenales en el Juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salir de España y la entrega del pasaporte, pese a que la Fiscalía había reclamado para él el ingreso en prisión incondicional. El Ministerio Público busca ahora ampliar la causa a hechos anteriores y posteriores.

Relato de los altercados

"Los días 20 y 21 de septiembre de 2017, en el curso de la práctica de una serie de diligencias de entrada y registro acordadas por el Juzgado nº13 de Barcelona, una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados. Dichas concentraciones fueron promovidas por diferentes asociaciones soberanistas, siendo las más destacadas por su capacidad de convocatoria las realizadas por los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente".

"A través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la "protección" de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales. En algunas de ellas se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran "para aturar (parar) a la Guardia Civil".

"Estos hechos se produjeron fundamentalmente en Barcelona: en las Consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación, en la sede del PSC donde se llegó a agredir a militantes socialistas, en la sede de la CUP y en la imprenta de Bigues i Riells (…) Sin embargo, la actuación más significativa tuvo lugar en la sede de la secretaría general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en la Rambla de Cataluña.

"Algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil. Otros impidieron a los agentes de la Guardia Civil; Cuerpo Nacional de Policía y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados. Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad. Otros procedieron a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo de la Guardia Civil".

"Miembros de la ANC montaron un puesto para voluntarios, donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y donde se organizaban turnos de relevo. Gritaban a los Mossos "no os merecéis la bandera que lleváis" intimidando a la Guardia Civil al grito de "no saldréis". Los responsables de ANC y OMNIUM se erigieron en interlocutores de la concentración, intentando negociar al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad. Nunca utilizaron su control para diluir la concentración, planteaban opciones exclusivamente para sus fines políticos.

La magistrada cuenta cómo la secretaria judicial tuvo que salir camuflada entre los asistentes a un teatro contiguo, mientras que las comisiones de registros terminaron de salir a las 07H. "Los manifestantes ocasionaron graves daños en los tres vehículos oficiales de la Guardia Civil valorados en casi 135.000 euros.

"La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que los funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaran sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones judiciales. La finalidad última era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la Constitución".

"Durante todo el día, la Guardia Civil pidió de forma reiterada la intervención de los Mossos a través de la intendente Teresa Laplana. Ella respondió que no existía afectación a la seguridad ciudadana y tampoco preveía que la hubiera, ya que no parecía una masa violenta, por lo que no solicitaría la movilización de estas unidades".

En España

    Lo más popular

    0
    comentarios

    Servicios

    Máster EXE: Digital Marketing & Innovation