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¿Qué ocurrirá si Puigdemont no comparece en la Audiencia Nacional?

Si la jueza Lamela libra una orden de detención, la entrega podría retrasarse durante varios meses.

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¿Qué ocurrirá si Puigdemont no comparece en la Audiencia Nacional?
Puigdemont, en Bruselas. | EFE

Nadie sabe con exactitud si Carles Puigdemont acudirá o no este jueves a la Audiencia Nacional. Aunque las únicas dos pistas que existen hacen pensar que se esconderá en Bélgica hasta que, en palabras del propio expresidente de Cataluña, la Justicia española le proporcione garantías. Jaume Alonso-Cuevillas, abogado que le defiende en materia procesal, se ha pronunciado en la red social Twitter: "Parece que se cita a declarar jueves, próximo día hábil, sin notificación ni tiempo de preparar la defensa. Y después dirán Estado de Derecho". Mientras, el letrado Paul Bekaert, que le asiste en temas de extradición como hizo con varios etarras, sostuvo en la televisión holandesa que su cliente "adoptará la actitud de ver qué pasa".

En el escenario menos accidentado, es decir, si los veinte encausados entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional comparecen, la Fiscalía pedirá la prisión provisional para todos. O casi. Es probable que el único que se libre sea el exconsejero de Empresa Santiago Vila, que dimitió antes de la declaración de independencia y para el que el Ministerio Público solicitaría medidas cautelares menos gravosas como la retirada del pasaporte. Visto el precedente de los ‘Jordis’ -investigados por sedición y no por el tipo agravado de rebelión-, no se entendería una resolución contraria a este planteamiento ante la gravedad de los delitos y los riesgos de fuga y reiteración delictiva.

Se presenta más enrevesado el segundo de los escenarios, que es también el más probable. Solo los miembros de la Mesa del Parlamento autonómico que permitieron la votación todavía aforados en la Diputación Permanente -incluida la presidenta de la Cámara Carme Forcadell-, han confirmado su asistencia al Supremo. Carles Puigdemont y los 14 consejeros ya cesados llamados en la Audiencia Nacional no se han pronunciado directamente, aunque gestos como el viaje a Bélgica ponen en tela de juicio su presencia.

El caso de Puigdemont

El expresidente de la Generalidad no ha elegido Bélgica como país de exilio al azar. Es consciente de que los jueces allí son especialmente meticulosos en relación a las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales. Una circunstancia que puede ralentizar el procedimiento judicial abierto en nuestro país por "rebelión o, cuando menos, sedición", malversación y otros delitos conexos, sin perjuicio de la calificación definitiva de los instructores.

Podría solicitar una declaración por videoconferencia, aunque con pocos visos de prosperar dada la gravedad del delito y la ausencia de motivos.

Si Puigdemont no comparece, la jueza Carmen Lamela librará a la justicia belga una Orden Europea de Detención, que sustituye en la Unión Europea a las antiguas órdenes de extradición. La magistrada entregaría la orden a la Policía Nacional que, a través de la llamada Oficina Sirene de cooperación entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remitiría a la oficina homóloga de la policía belga. Se produciría la detención del buscado y su puesta a disposición de la Justicia belga, que estudiaría la entrega.

Esta herramienta permite, al menos en teoría, que se produzca una entrega a España en un plazo de 60 días. Sin embargo, podría retorcerse en la práctica. El de rebelión no se encuentra en la lista de los 32 delitos exentos de "control de la doble tipificación" en la normativa europea. En otras palabras, no está recogido en los códigos penales de ambos países con la misma definición. Algo que complica la entrega inmediata del requerido porque, de acuerdo con el marco comunitario, la Justicia belga podría tener que entrar en el fondo del asunto y comprobar si, según sus propias leyes, la conducta de Puigdemont es perseguible en Bélgica. El expresidente podría incluso elevar el caso a la segunda instancia, con el consiguiente retraso.

En este punto se hace especialmente relevante el letrado Paul Bekaert que, entre sus dudosos logros, consiguió paralizar la entrega a España de varios miembros de ETA, por ejemplo de Natividad Jauregi.

Según fuentes consultadas por Libertad Digital, los Tribunales confían en que las buenas relaciones en materia de cooperación jurídica entre España y Bélgica, reforzada en los últimos años por la colaboración antiterrorista, sean suficientes para superar eventuales obstáculos procesales. Solo surgirían con Puigdemont toda vez que los exconsejeros han vuelto a Barcelona.

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