Las largas diligencias y los extensos procesos judiciales que afectan a numerosos ex altos cargos de la Junta dan origen a facturas millonarias de los despachos de abogados que llevan sus casos. La Junta de Andalucía ya ha reconocido que cuando menos los 22 ex altos cargos juzgados en la Audiencia Provincial en la pieza política de los ERE tienen derecho a que sea la Junta la que cargue con el pago. Pero no aclara ni lo está haciendo o no.
Resulta sorprendente que haya sido el viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Fernando López Gil, quien no haya admitido una solicitud de acceso a información pública a través del Portal andaluz de la Transparencia sobre el coste al erario de la Junta de estos honorarios de los abogados de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.
De ser cierto que se está pagando se tendría la situación esperpéntica de la que la Administración perjudicada por las actuaciones de los acusados sea la que está pagando la propia defensa de los presuntos autores de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de la propia Junta.
ABC cuenta que el mencionado viceconsejero ha reconocido que, en función de la legalidad vigente, tales ex altos cargos tienen derecho a que sea la Junta la que pague sus facturas jurídicas, pero no ha querido aclarar si lo está haciendo, cuanto ha pagado ya por ello y cuánto calcula que tendrá que pagar.
Tal reconocimiento se funda en que "siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores", es legal que los defienda la Junta porque así se contempla en una modificación introducida en el decreto del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el 20 de diciembre de 2011, poco tiempo después dela jueza Alaya abriera las primeras diligencias del caso ERE.
Según esta normativa, como los ex 22 altos cargos no pueden ser defendidos por los letrados y letradas del Gabinete Jurídico de la Junta por incompatibilidad manifiesta. Recuérdese que los letrados autonómicos formaron parte durante años de la acusación de la Junta hasta que solicitaron la absolución de los políticos acusados en esta pieza política.
Además, el viceconsejero niega la información al diario ABC porque "podría implicar el conocimiento de determinada información relacionada con uno de los aspectos que la normativa de protección de datos considera de especial interés, como es la comisión de infracciones penales, disciplinarias y administrativas" lo que exigiría que el periodista aportara el "consentimiento de las personas afectadas para la cesión de estos datos".
Fue ayer mismo que el número dos de la mano derecha de Susana Díaz en la Junta, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, comunicó al periódico su negativa a aclarar si paga o no y cuánto porque "el procedimiento judicial está desarrollándose en la actualidad, no pudiéndose determinar el coste de los servicios realizados y, por tanto, proceder en su caso al pago de las cantidades devengadas".
Es más, arguye que el acceso a dicha información sobre el coste de los servicios jurídicos contratados "podría afectar a la estrategia de defensa de las personas acusadas", así como a la ¡igualdad de las partes! en un proceso judicial en curso, como es el caso ERE, donde se acusa a los 22 ex altos de idear un procedimiento para distribuir irregularmente 855 millones de euros.