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El perfil de los candidatos a la Fiscalía General del Estado

Las quinielas destacan tres nombres: Pedro Crespo, Javier Zaragoza y Gabriela Bravo.

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El perfil de los candidatos a la Fiscalía General del Estado
Gabriela Bravo, Javier Zaragoza y Pedro Crespo | Agencias

El cese Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ha arrastrado automáticamente a Julián Sánchez Melgar, que termina su etapa al frente de la Fiscalía general del Estado. Este magistrado, propuesto por el líder del Partido Popular el 24 de noviembre de 2017, una semana después del fallecimiento en Argentina de José Manuel Maza, y nombrado el 7 de diciembre para dirigir el Ministerio Público, regresará a su plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y dará paso a otro fiscal seleccionado por Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital dan por muy probable que la elección se produzca entre la terna de juristas que manejan todos los medios de comunicación. El nombre que suena con más fuerza es el de Pedro Crespo, actualmente fiscal jefe en la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Completan esta carrera Javier Zaragoza, que fue durante diez años fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y Gabriela Bravo, en este momento consejera de Justicia valenciana, que dirigió en su día la Unión Progresista hasta su nombramiento como vocal del CGPJ.

El nuevo FGE revisará el rumbo de la institución, por ejemplo, en la causa contra el proceso separatista. El Ministerio Público ha impulsado hasta ahora las querellas por el delito más grave de rebelión, aunque la argumentación de este tipo penal en el exterior haya evolucionado hacia hacia la sedición o la cooperación para la rebelión. Por debajo, está el delito de desobediencia, la principal baza de los acusados, puesto que el Código no prevé en ese caso penas de prisión sino multas y la inhabilitación. Este viraje podría provocar problemas en el seno de la Fiscalía: sin ir más lejos, los cuatro fiscales de Sala del Supremo han manifestado desde el inicio de la causa contra Carles Puigdemont y sus cómplices que aprecian indicios del delito de rebelión.

Si el Tribunal de Schleswig-Hostein no responde al requerimiento del juez instructor Pablo Llarena, el Ministerio Público estudiará también la vía alternativa: elevar la cuestión a la Justicia europea o desistir de la Orden de Detención. Ante un cambio de rumbo, el magistrado podría seguir la línea marcada por la acusación popular de VOX.

Están en el aire el juicio de los ERE o las piezas separadas del caso Gürtel pendientes todavía de procesamiento y juicio oral como los papeles de Bárcenas o los supuestos sobresueldos en la cúpula de la formación. En este escenario, lo más probable es que el nuevo Gobierno, sostenido por Podemos, los separatistas catalanes y los nacionalistas vascos, elija un miembro de la judicatura más laxo con los intereses de sus socios..

Al mismo tiempo, han circulado rumores sobre la posible unión de los ministerios de Interior y Justicia, lo que provocaría un vinculo mayor entre la Fiscalía y el Ejecutivo.

Pedro Crespo

Pedro Crespo es fiscal de sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la carrera, en concreto fiscal jefe en la sección de lo Contencioso-Administrativo. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1986 y experto por la Universidad de Nancy en Derecho Comunitario Europeo y Derecho Privado Francés, se trata de uno de los principales baluartes de la Unión Progresista de Fiscales.

Fue conocida su candidatura hace unos meses al frente de la Fiscalía Anticorrupción. En otra muestra de ambición por influir en el sistema, fue el promotor del modelo procesal penal que deja la instrucción de los sumarios en manos de la Fiscalía, de forma que el juez instructor asumiría únicamente el papel de juez de garantías.

Ejerció como abogado hasta su incorporación a la Fiscalía en 1991, cuando ingresó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entró en 2004 en la Secretaría Técnica del fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Pasó cuatro años después a ser teniente fiscal y alcanzó el grado de fiscal de sala en 2011.

Javier Zaragoza

Javier Zaragoza estuvo diez años al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por ejemplo, durante el 11-M o las negociaciones con ETA. Aguantó desde 2006, por elección de Cándido Conde Pumpido, los Gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero hasta la llegada y revisión de cargos de Mariano Rajoy.

Ejerce actualmente como uno de los cuatro fiscales de Sala en el Tribunal Supremo que se encargan de la causa contra el proceso separatista, con una posicion especialmente contundente. Suyas han sido las apreciaciones más insistentes en apoyo de la acusación por rebelión y el ingreso en prisión preventiva de forma incondicional de los principales promotores del golpe. De hecho, cuando un recién aterrizado Julián Sánchez Melgar se inclinó por la libertad del exconsejero Joaquim Forn debido a cuestiones médicas, Zaragoza y sus compañeros firmaron un escrito haciendo constar ante el Alto Tribunal que respondían a una orden directa del superior jerárquico en contra de su criterio.

Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, Zaragoza ingresó en la carrera fiscal en 1982. Ha sido también fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián y teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga, cargo en el que intervino en operaciones como la operación Nécora, junto al juez inhabilitado Baltasar Garzón.

Gabriela Bravo

Gabriela Bravo es la actual consejera de Justicia Gobernación y Reformas Democráticas de la Generalidad Valenciana del socialista Ximo Puig. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en 1986, ingresó en 1989 en la carrera fiscal. Se desempeñó como fiscal de Menores e ingresó en 2005 ingresó en la Unión Prpgresista de Fiscales, donde asumió dos años después la presidencia hasta septiembre de 2008, cuando fue nombrada vocal por unanimidad y portavoz del CGPJ hasta el fin del mandato en 2013. Algunos medios la colocan incluso entre las candidatas al ministerio de Justicia, mientras que el Partido Popular ha pedido su cese por la "gestión errática" y las quejas de los colegios de abogados.

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