El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista en Cataluña, ha comunicado al tribunal alemán que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont que el auto en el que se dicta el procesamiento de éste y otros 24 imputados ya es firme, de manera que "la decisión de buscar y detener e ingresar en prisión" al expresidente catalán continúa "ejecutiva y vigente".
Así lo manifiesta Llarena en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada esta semana y que une a la pieza abierta sobre la situación personal de Puigdemont en la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada el pasado marzo, cuando emitió el auto de procesamiento por rebelión, desobediencia y malversación que la Sala de lo Penal del Supremo acaba de hacer firme.
En la providencia, de cuatro páginas, el magistrado vuelve a hacer un relato de la instrucción de la causa contra el 'procés', y en concreto el procedimiento contra Carles Puigdemont, desde la querella presentada a finales de 31 de octubre por la Fiscalía General del Estado, la orden de busca y captura y el auto de prisión dictados en la Audiencia Nacional y el traspaso de la causa al Supremo que llevó al auto de procesamiento del 23 de marzo pasado.
Llarena explica que en dicho auto se recogen los hechos sucedidos, la participación que se atribuye al expresidente catalán, las pruebas que se han recogido en la investigación, la calificación penal que merecen los hechos y el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional para Puigdemont.
La orden nunca se desactivó
Así, el juez instructor quiere remarcar en su providencia que en toda la instrucción la orden de búsqueda, detención y prisión dictada en España contra el expresidente "nunca se había desactivado", ya que él sólo había retirado la orden europea e internacional durante tres meses y medio, el tiempo transcurrido entre el traspaso de la causa al Supremo (5 de diciembre de 2017) y el auto de procesamiento (21 de marzo de 2018).
"Consecuentemente, la decisión judicial de que Carles Puigdemont sea ingresado en prisión sigue vigente, pues se renovó y confirmó al término de la investigación mediante el auto de este instructor" con el fin de que Carles Puigdemont fuera "buscado y detenido en el territorio de la Unión para que, tras su entrega, pueda ser ingresado en prisión", remarca Llarena.
Tras el auto de la Sala de lo Penal de esta semana que hace firme el procesamiento por rebelión y malversación del expresidente catalán, el instructor comunica al tribunal alemán que tiene en sus manos la euroorden que "la decisión de prisión se ha visto confirmada y mantenida tras finalizar la investigación". Y es, por tanto, ese auto de procesamiento el que, según Llarena, "da soporte" al ingreso en prisión de Puigdemont si éste fuera "localizado y detenido en España", tal y como ya explicó en un escrito previo el pasado mayo y enviado a la Fiscalía alemana.
La Orden Europea de Detención establece un plazo máximo para la resolución del procedimiento de 90 días desde el momento de la detención de un requerido. Un tiempo que venció el pasado 24 de junio.
El tribunal alemán pensaba retrasarlo aún más
Según fuentes jurídicas, el Tribunal alemán competente en el caso de Puigdemont había comunicado a la Fiscalía del país que se pronunciará tras una nueva prórroga por la complejidad del asunto. Al parecer se estaba centrando ahora en el análisis de la extensa documentación enviada en las últimas semanas por el juez Llarena para acreditar los episodios violentos y la malversación.
Este retraso, sumado al mes de junio que se habilitó ya de forma extraordinaria, provocará que el expresidente catalán no se siente en el banquillo del primer juicio contra el proceso separatista. El Tribunal Supremo proyecta la vista oral en el otoño y lo más probable es que para entonces aún no se haya resuelto el problema de la fuga de Puigdemont y los exconsejeros huidos en Bélgica y Escocia.
Llarena confía cada vez menos en una resolución positiva por parte del Tribunal de Schleswig-Holstein. Envió en mayo un documento donde ofrecía incluso alternativa en la calificación jurídica de los hechos. El instructor planteó que, si en Alemania no apreciaban el requisito de violencia necesario para el delito de rebelión, entregaran a Puigdemont por sedición. La cuestión fundamental, subrayó, es el quebranto –o, al menos, el intento– de la Constitución, si la ruptura de un land sería delito.
Es probable que Pablo Llarena habilite el mes de agosto –tradicionalmente festivo en los tribunales– para la tramitación de la causa contra el proceso separatista. El mismo motivo, la agilización del procedimiento, ha hecho que el magistrado divida la investigación en piezas. A petición de la Fiscalía, el juez instructor ha formado una pieza separada en relación a los procesados que están huidos: el expresidente Carles Puigdemont, la número dos de ERC Marta Rovira, los exconsejeros Lluis Puig, Toni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí; y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.
El Tribunal Supremo sabe de las trabas que están poniendo los tribunales europeos y celebrará, al menos, dos juicios. Los fugados se enfrentarán por separado a una vista por rebelión y malversación salvo en el caso de Gabriel, procesada únicamente por desobediencia. Llarena dictó una providencia que constituye la "pieza separada teniendo en cuenta la situación de los procesados en rebeldía y considerando que existen elementos suficientes para ser juzgados de forma independiente".
La pieza principal acumula de esta forma 18 procesados: los exconsejeros que no se fugaron, entre ellos Oriol Junqueras; Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán y los Jordis.