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Puigdemont reconoce un "error" en la traducción de las declaraciones de Llarena

Su abogado Gonzalo Boye niega cualquier "alteración" y dice que informará al tribunal belga.

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Puigdemont reconoce un "error" en la traducción de las declaraciones de Llarena
El fugado Carles Puigdemont. | EFE

El fin justifica los medios para Carles Puigdemont y los suyos. El fin, el acoso y derribo al juez Pablo Llarena, justifica incluso la mentira ante los tribunales. Así lo ha puesto de manifiesto un profesor de francés hispanohablante en las redes sociales. Alertó del "error" en la traducción de unas palabras del magistrado; declaraciones ante los medios que motivan la demanda civil del expresidente catalán en Bélgica contra el instructor de la causa contra el proceso separatista en el Tribunal Supremo.

Según Puigdemont, el juez vulneró su derecho a la presunción de inocencia cuando el pasado 22 de febrero, en un acto en Oviedo junto a otros expertos penalistas, se refirió a los procesados por rebelión y malversación de fondos públicos. Recoge la demanda las siguientes palabras de Llarena: "Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos –como en efecto sucedió–, pues tienen que ser investigados".

Es en el "como en efecto sucedió", "et oui c'est ce qui s'est produit" en la demanda, donde está la trampa. Llarena dijo exactamente lo contrario, como acreditan los vídeos de su respuesta: "(…) con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados". La extraña evolución de un condicional a una afirmación para seguir atacando al magistrado.

La vulneración de la presunción de inocencia suscitada por esa oración se desvanece. "Los magistrados deberían tener la boca cerrada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo", sostuvo este lunes Carles Puigdemont en Waterloo, olvidando que, en esa misma intervención, el juez del Supremo comenzó diciendo que no hablaría del procedimiento en curso.

El resto de la denuncia interpuesta ante un Juzgado de Bruselas se refiere a la situación en España desde el prisma separatista: cómo "los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia" sufren "violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales" y otras acusaciones genéricas infundadas y, evidentemente, inimputables al juez. Ni rastro de otros hechos que trasgredan su derecho al honor.

El coordinador de la defensa de los políticos separatistas, Gonzalo Boye, ha reconocido que informará al Tribunal belga del "error" en la traducción al francés. Niega taxativamente que exista cualquier "alteración" y ha apuntado que, en todo caso, "puede ser un error del traductor privado", al que van a preguntar, "pero eso no altera en absoluto la demanda", a su juicio.

El abogado catalán de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha emprendido una huida hacia adelante y aunque la denuncia no prospere se apuntará una victoria: "Todo el Estado ha cerrado filas en torno al magistrado. Y, por tanto, no tenemos muchas esperanzas al respecto… Queremos ganar la demanda pero sabemos que es difícil. En cualquier caso, ganarla o no es secundario".

Llarena está citado el 4 de septiembre ante el Juzgado belga. Fuentes del TS consultadas por Libertad Digital confirman que no acudirá a Bruselas, más si cabe después de que el juez decano de Madrid rechazara el exhorto. Será la Abogacía del Estado y el despacho privado contratado por el Gobierno los que defiendan la integridad jurisdiccional española y al juez del alto tribunal.

Las palabras de Llarena

"Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos.

No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos –si es que eso ha sido así– pues tienen que ser investigados".

"La voluntad de la instrucción ha sido y sigue siendo llevar la indagación con absoluta celeridad, es una cuestión de la que está pendiente toda España, la población de Cataluña, y en ese sentido cuanto antes se esclarezca creo que va a ser mucho mejor para todos. En todo caso tiene que ser en un respeto absoluto de las pretensiones de las partes y los derechos de aquellas personas que están sometidas al proceso".

Rechazó un abogado de la APM

Según El Español, Llarena rechazó el ofrecimiento de la Asociación Profesional de la Magistratura de poner a su disposición un abogado para que le represente ante el juez de Bruselas. Se negó "rotundamente" a ser defendido por un abogado particular, señalan fuentes de la APM, a la que el juez pertenece y que es mayoritaria en la carrera. "Llarena no va a aceptar ninguna defensa que no sea la del Estado porque está demandado por ser un servidor público", explican desde la asociación mayoritaria de jueces.

"Tiene clarísimo que la demanda no se le ha puesto a título particular sino como instructor de la causa" abierta en el Supremo por la presunta relevancia penal de la declaración unilateral de independencia de Cataluña hecha el pasado otoño.

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