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Nueva rectificación del Gobierno: podría retomar la venta de bombas a Arabia Saudí

Empleados de Navantia toman la calle. El Gobierno dice que el veto fue ”una declaración de intenciones que tienen que pasar por diferentes matices”

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Empleados de Navantia toman la calle. El Gobierno dice que el veto fue ”una declaración de intenciones que tienen que pasar por diferentes matices”
Pedro Sánchez, junto a Margarita Robles, y otros dirigentes del PSOE | EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez rectifica, una vez más, pero en este caso en un tema de amplia trascendencia internacional. Apenas unos días después de anunciar que el Ejecutivo paralizaba la venta de bombas inteligentes a Arabia Saudí, fuentes gubernamentales han anunciado este viernes que "las declaraciones de la ministra fueron una declaración de intenciones que ahora tienen que pasar por diferentes matices".

Las citadas fuentes son muy explícitas a la hora de responder a la pregunta de si se da marcha atrás o no en el anuncio de prohibir la venta de bombas: "pues de eso precisamente estamos hablando". Y explican que todo dependerá del dictamen de la comisión interministerial que analiza las cuestiones sobre venta de armamento en la que están implicados varios ministerios: Interior, Defensa, Justicia e Industria.

A ése dictamen se aferró precisamente la portavoz gubernamental Isabel Celaá quien, sin embargo, garantizó que el conflicto diplomático con Arabia Saudí "se va a resolver" y que "los trabajadores de Navantia pueden estar tranquilos" porque "el Gobierno está trabajando en esa relación con el objetivo de mantener las buenas relaciones y mantener los contratos" de la empresa pública Navantia en Cádiz.

Esa misma intención de mantener el principal contrato firmado con Arabia Saudí la mostraba unas horas antes la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, que comparecía en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar, por un lado, de las ventas de armamento fabricado en España a países extranjeros y, por otro, sobre la polémica generada por el supuesto veto al país árabe.

"Son 1.830 millones de euros y 6.000 empleos entre directos e indirectos. Somos conscientes también del gran impacto social que tiene en un región con un amplio índice de desempleo. El contrato está vigente y el Gobierno no va a poner en riesgo este contrato", dijo en varias ocasiones, pero dejando siempre claro que su departamento no estaría capacitado para vetar un contrato de este tipo por razones políticas.

Lo que sí avanzó es que desde el Gobierno de Riad ya han efectuado un primer pago a cuenta de la construcciones de cinco corbetas en los astilleros de Navantia, pese a que ahora mismo sólo existe el precontrato y el contrato final no se firmaría hasta el mes de octubre.

Quiénes sí han dado ya este megacontrato prácticamente por perdido son los trabajadores de la empresa pública, que esta misma mañana han empezado a cortar carreteras en Cádiz. "Oficialmente no sabemos nada, pero oficiosamente se nos ha dicho desde la embajada de Arabia Saudí que van a valorar la cancelación del contrato si no hay una rectificación oficial del Ministerio de Defensa", explicaba Jesús Peralta, presidente del Comité de Empresa de Navantia.

¿Cómo se ha llegado a este punto?

El Gobierno se ha metido en un charco cuyas consecuencias son difícilmente cuantificables en estos momentos. Todo comenzó con la decisión del Ministerio de Defensa de vetar la venta ya acordada de una partida de 400 bombas guiadas por láser a Arabia Saudí ante la posibilidad de que puedan ser utilizadas en el conflicto de Yemen -intervención avalada por la ONU- y por las que el país árabe ya había depositado el pago de 9,2 millones de euros.

Arabia Saudí fue el quinto comprador de armamento español durante el año 2017 (por valor de 280 millones) y el primero sin contar los países OTAN. Una posición de primer comprador exterior que también ha mantenido prácticamente durante los últimos cinco años. Se les han vendido aviones de transporte, recambios para estos aviones, munición de artillería, sistemas de vigilancia, alertadores, recambios para carros de combate, drones o sistemas de contramedidas de radas.

El pasado mes de junio, después de tres años de duras negociaciones, el Gobierno consiguió vender a Arabia Saudí cinco corbetas -una personalización del modelo Avante 2020 de Navantia- por un valor de 1.830 millones de euros. El mayor contrato firmado con un país extranjero y que aseguraba carga de trabajo hasta 2020 en los astilleros de la Bahía de Cádiz, falto de trabajo tras perderse en el último momento un contrato de la marina australiana.

Este contrato con Arabia Saudí permitía mantener 6.000 empleos en una zona con una alta tasa de desempleo. Exactamente, según los cálculos gubernamentales y de la empresa pública de astilleros, 1.100 puestos de trabajo pertenecerían directamente a Navantia, otros 1.800 empleos irían para la industria auxiliar de Navantia y otros 3.000 en las empresas suministradoras de los astilleros públicos y sus empresas auxiliares.

El problema es que Arabia Saudí es un país especialmente complicado en sus relaciones comerciales con otros países y la ruptura de un contrato sin motivo o un simple traspiés diplomático puede provocar que rompa toda la cadena de contratos que tiene con ese país. Es decir, que el veto a la venta de las 400 bombas puede provocar que el país árabe rompa todos los contratos de armamento que tiene firmados con España.

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