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Batalla pericial en el juicio ERE sobre si la Junta engañó o no al Parlamento

Los peritos de las defensas señalaron de nuevo al ex Interventor General de la Junta, Manuel Gómez, por no fiscalizar adecuadamente las cuentas.

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Los peritos que han comenzado a declarar en el juicio de los ERE | EFE

Los principales acusados del juicio de los ERE siempre argumentaron que el Parlamento andaluz aprobaba los presupuestos en los que iban incluidos los dineros de los ERE por lo que estos gastos y subvenciones eran completamente legales. Este miércoles, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) lo negaron y afirmaron que la Junta cometió fraude al no presentar los gastos reales al Parlamento. Por si fuera poco, los peritos de las defensas señalaron de nuevo al ex Interventor General de la Junta, Manuel Gómez, "chivo expiatorio perfecto", por no haber fiscalizado adecuadamente las cuentas.

Tanto El Mundo como ABC y otros medios destacan que el coordinador de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión, además de considerar ilegales las transferencias de financiación con las que se pagaron los ERE acusó abiertamente a la Junta de Andalucía, al Consejo de Gobierno que presidieron Chaves y Griñán, de «engañar» al Parlamento de Andalucía.

A instancias del fiscal, Turrión respondió que el Consejo de Gobierno de la Junta "indujo a error" o confundió a la Cámara autonómica, a la que elevó, para su aprobación, unos "presupuestos fraudulentamente elaborados". Además se refirió a tres leyes, aunque "hay más de 40 normas y más de 20 leyes", para defender que las transferencias de financiación se emplearon ilegalmente «para conceder subvenciones y para pagarlas».

Tal respuesta deja a los pies de los caballos a todo el consejo de gobierno y, especialmente, a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, que lo presidieron o actuó, en el segundo caso, de Consejero de Hacienda.

No era nueva la posición de los peritos de la IGAE porque en su "Informe Ejecutivo" de 2013 ya habían escrito:

  • El Parlamento, al aprobar la partida de Transferencia de Financiación, actuó con respeto a la legalidad vigente, ya que la propia Cámara con anterioridad había definido claramente, en distintas leyes, la naturaleza y finalidad de las Transferencias de Financiación, ratificándola año tras año en las leyes de presupuestos del período 2000-2012, como instrumento para la compensación de las pérdidas que IFA-IDEA tenía reflejadas en su presupuesto.
  • Con la aprobación del crédito de Transferencia de Financiación al IFA, el Parlamento no aprobó un crédito para otorgar subvenciones sociolaborales, sino para cubrir pérdidas del IFA, máxime cuando el presupuesto de esta entidad (indebidamente elaborado por la Consejería de Hacienda), reflejaba pérdidas inexistentes que debían ser cubiertas con dichas transferencias.

Libertad Digital recogió en 2013 la conclusión de que la Junta había engañado al Parlamento: "Se trataba de ocultar la existencia y finalidad política del fondo de reptiles. Para ello, según el informe de la IGAE, el Gobierno presentó ante el Parlamento, año tras año, unos presupuestos falseados que hacían imposible detectar la presencia del fondo de reptiles De hecho, reflejaban "pérdidas inexistentes" en el Instituto de Fomento de Andalucía -IFA-, primero, y la Agencia IDEA, que sucedió al anterior, después. Lo realmente propio de una ingeniería presupuestaria maquiavélica es que para cubrir esas pérdidas ficticias se instrumentaban las "transferencias de financiación" que, después, en realidad, se empleaban para conceder ayudas sin publicidad, transparencia ni libre concurrencia. Como es sabido, dichas transferencias sólo pueden ser usadas para cubrir pérdidas de las entidades públicas."

Dicho de otro modo, el Parlamento no supo, porque el Consejo de Gobierno actuó fraudulentamente, qué estaba aprobando realmente, tesis que dio paso a una respuesta de los peritos de la defensa, que acusaron a Turrión y compañeros (lo hizo Juan Ramallo, el perito contratado por Magdalena Álvarez) de "preparar el terreno para hacer una acusación seria sobre que el Parlamento aprobó una ley fraudulenta o errónea", recoge Europa Press.

Ramallo acusó a los peritos del Estado de arrogarse la potestad de decidir qué es inconstitucional o no, algo que sólo compete al Tribunal Constitucional y Juan Zornoza, perito del ex presidente Griñán, no creía que el Parlamento andaluz pudiera ser engañado.

El ex Interventor General, de nuevo señalado

Es obvio que entre el ex Interventor, Manuel Gómez, y el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hay precisamente simpatías. Cuando Gómez, que ya subrayo Libertad Digital, comprobó que era un "chivo expiatorio perfecto" –junto al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero– por no haber emitido un informe de actuación que obligara a la Junta a cambiar los procedimientos irregulares, se enfrentó públicamente a Griñán mediante una famosa carta remitida al Parlamento andaluz.

En ella, además de considerar el caso de los ERE como "el caso de corrupción más importante de la historia de España", señaló directamente al expresidente Griñán de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE". Además, recordaba las 15 advertencias que había remitido a la Junta sobre las irregularidades que detectó y dijo sentirse "agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor" que usaban como "pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie".

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