La noticia fue que no hubo nada. En el capítulo de aprobaciones del Consejo de Ministros no se encontraba este viernes el anunciado anteproyecto de ley para reformar el régimen sobre los aforamientos políticos. En su lugar, sólo un informe que se remitirá al Consejo de Estado para su dictamen prescriptivo no vinculante. La novedad es que este trámite se solicita siempre a posteriori y no previamente a su aprobación por el Consejo de MInistros.
Una nueva treta que, sin incurrir en ningún conflicto institucional, sí le sirve al Gobierno para paralizar el plazo de 60 días de aprobación de la reforma constitucional exclusiva sobre los aforamientos comprometidos por Pedro Sánchez el pasado lunes cuando hizo el "anuncio importante" en el acto de conmemoración de sus 100 días de Gobierno en la Casa de América de Madrid.
"Una vez que culmine (el Consejo de Estado), se aprobará el anteproyecto del Gobierno que se remitirá a las Cortes Generales. Si todo va bien y hay voluntad de acuerdo, en 60 días lo podríamos tener", anunció la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de Moncloa precisaron que "lógicamente el plazo dado por Sánchez empieza a contar "desde su llegada al Congreso, no al Consejo de Estado", por lo que aún podría demorarse varios meses más.
De esta forma, el Ejecutivo de Sánchez envía ahora su informe al máximo órgano consultivo del Estado, presidido por la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que someta a estudio y consideración la reforma simple, y no agravada de la Constitución en sus artículos 72.3 y 102.1 para reducir la protección jurídica especial a los miembros del Gobierno, diputados y senadores "al estricto ejercicio de su cargo".
Lo que no está claro aún es cuál será esa protección en el caso de los delitos de corrupción. Tanto la portavoz socialista, Adriana Lastra, como la del Gobierno, Isabel Celaá, han afirmado este viernes que "no renunciamos a que queden fuera los delitos de corrupción.Si tenemos que sacar los delitos de corrupción" para que los aforamientos no protejan a los imputados en estos delitos.
Sin embargo, no fue capaz de aseverarlo con rotundidad ni de confirmar si esto afectaría a todos los delitos de corrupción o no: malversación de caudales públicos, prevaricación, cochecho impropio... Celaá sólo añadió que "los ministros y senadores y diputados deben tener un aforamiento reducido" y que ahora debe de ser el Consejo de Estado quien "acote jurídicamente el procedimiento", lo cual no supone "en ningún caso" que"el Gobierno no abdica en su propuesta sobre los aforamientos".
Una ‘innovación legal’ más del Ejecutivo a sumar a la argucia parlamentaria para sortear el veto del Senado y permitir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Si las rectificaciones han sido la nota predominante de los primeros cien días de Pedro Sánchez, está por ver si las ‘tretas’ legales son el siguiente paso durante los próximos cien.