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Otro obstáculo para los casos ERE, FAFFE y Avales: la juez Núñez Bolaños se da de baja

La juez María Núñez Bolaños presenta su baja por "razones personales" poniendo en peligro la resolución de varios escándalos de corrupción andaluza.

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Otro obstáculo para los casos ERE, FAFFE y Avales: la juez Núñez Bolaños se da de baja
La juez María Núñez Bolaños | Cordon Press

La sorpresa fue mayúscula cuando se supo este martes que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez María Núñez Bolaños, había presentado su baja por "razones personales", que algunos medios atribuyen a una huida de la presión, y que los asuntos que dirime serán instruidos en principio por el juez de refuerzo José Ignacio Villaplana. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha adelantado que no se nombrará juez sustituto, como se hizo en 2018.

Precisamente, la juez Pilar Ordóñez se hizo cargo del caso de las transferencias de financiación el pasado mes de junio de 2018 y, en solo unos días, cursó todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía -y algunas por la acusación particular del PP-, además de encargar a la Guardia Civil, mediante la Unidad Central Operativa (UCO), la investigación que puso en marcha el juez de refuerzo de la juez Alaya y luego de la juez Núñez Bolaños, Álvaro Martín, en 2016.

Dos años después de que la juez Núñez Bolaños se hiciera cargo del asunto, la instrucción no había avanzado, pero Pilar Ordóñez, que era titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, demostró que el empantanamiento judicial de los casos podía evitarse con una instrucción diligente. Ahora, el riesgo de la prescripción del caso Avales es cada vez más intenso, mucho más cuando la juez Núñez Bolaños, en auto del 27 de mayo, ordenó el archivo de la causa de las presuntas irregularidades en los avales y préstamos que concedió la Agencia IDEA al entender que se habían desvanecido "por completo" los indicios de que tales operaciones beneficiaban a determinadas empresas.

Contra esta decisión, tanto la Junta de Andalucía, que primero apoyó el archivo por determinados delitos, pero no por otros, y la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, anunciaron recursos de apelación. En el recurso del que se hace eco Europa Press, los fiscales denuncian con claridad un modo de instrucción y advierten que el archivo del caso Avales imposibilita "hacer avanzar la investigación" de unos hechos que podrían constituir infracciones penales generando así "el riesgo, cada vez más cierto, de prescripción de los delitos" en el caso de que lo hubiera.

La Fiscalía, además, subraya que la juez Bolaños no ha acatado resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, el pasado 12 de marzo, en las que ordenaba que se realizaran diligencias como la elaboración de un atestado por parte de la UCO de la Guardia Civil y de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Recuerda la Fiscalía que la Audiencia ya dijo no entender "la línea maestra de la argumentación de la instructora para decretar ese sobreseimiento provisional" en el caso de uno de los imputados anulando su resolución. Además, se subraya la instrucción "no acertada" de la magistrada. De hecho, decidió el archivo sin tener en cuenta otras diligencias practicadas y denegó la práctica de las diligencias que le ordenó la Audiencia Provincial.

Anticorrupción recuerda que esta investigación tiene por objeto averiguar la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación por haberse hecho, en el seno de la Agencia IDEA, un uso ilícito de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento de empresas a través de las figuras de avales ante entidades financieras en garantía de préstamos como medio para hacer llegar fondos a determinadas empresas de manera irregular.

Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, cifró en 140 millones de euros el "quebranto" causado por las irregularidades en la agencia IDEA y el caso Avales, y anunció que la Junta iba a "exigir y luchar por la recuperación de todos los euros defraudados".

Ni la Fiscalía ni la Junta están de acuerdo con la decisión de archivo que tomó la juez, ahora de baja, Núñez Bolaños, aunque por razones distintas. La Junta, que se sumó a la decisión de archivar los delitos de prevaricación y malversación –delitos que sí ve la Fiscalía– comprobó después que su petición de seguir instruyendo el caso por "fraude en subvenciones y/o falsedad documentar", tampoco fue atendida por la juez.

Esto decir, para la Junta hay nuevos presuntos delitos no instruidos; para la Fiscalía, el objeto de la investigación "es más amplio" y se centra en "el empleo por parte de personas vinculadas a la Agencia Idea –o a la Consejería de adscripción– de la figura de los avales previstos como incentivos para empresas en crisis en la Orden de 5 de noviembre de 2008 y sucesivas como medio para hacer llegar fondos públicos a determinadas empresas de manera absolutamente arbitraria e injusta".

Un elemento más del modo de instruir de la juez Núñez Bolaños es destacado por la Fiscalía. Dice al ministerio público que los hechos objeto del procedimiento están bien claros, pero que la juez se ha centrado solo en analizar el resultado de una pericia desarrollada por una funcionaria de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Esa pericial tiene un alcance más reducido que el objeto de las diligencias pedidas por la propia Fiscalía y que concluía que no se ha acreditado la comisión de delito alguno sin examinar todos los datos.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apunta que el informe pericial cuenta "con otras limitaciones" como que los expedientes de las ayudas facilitadas a la perito "no están completos" y que "no se ha abordado" el análisis de dos de las cuatro condiciones para que las ayudas se concedan sean compatibles como que los beneficiarios han de ser Pymes y que la ayuda tiene que ser compatible con el Tratado de la Unión Europea.

Termina la Fiscalía Anticorrupción señalando que la juez Núñez "no ha tenido en cuenta" otras diligencias que sí obran en autos, y de las que "se desprenden indicios" de que los hechos pudieron ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos "como son el informe de la IGJA sobre el Cumplimiento de Legalidad de la Agencia IDEA en el ejercicio 2009, el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Agencia IDEA en el ejercicio 2012 y el Informe de Actuación respecto del aval concedido a A Novo Comlink".

Los restos de la corrupción de la Junta

Todavía está por ver qué ocurre con en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde se concentran la mayoría de los casos de corrupción de la Junta de Andalucía y el PSOE. De los más de 600 imputados y los 4.300 millones de euros afectados, una parte esencial recae en el juzgado de la magistrada Núñez Bolaños.

Entre los más destacados están los restos desgajados del caso ERE inicialmente instruido por la juez Alaya, nada menos que 120 sumarios con el caso de las transferencias de financiación como eje sustancial. Además del caso Avales, resta por terminar la instrucción del caso de la Fundación Andaluza para el Fondo de la Formación y el Empleo (FAFFE), que cuenta con Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz. Por si fuera poco, y entre otros, está pendiente el caso del fraude de los cursos de formación, que fue troceado igualmente por la juez sin tener en cuenta su vertiente política.

La juez Núñez Bolaños fue señalada, casi desde el principio, por una serie de decisiones que parecieron favorecer al PSOE, con alguno de cuyos más preclaros dirigentes, tenía relaciones de amistad. Luego ha venido su enfrentamiento radical con el PP, en su calidad de acusación particular, y con la Fiscalía. Su baja por razones personales no deja entrever si tiene algo que ver con su resistencia ante las presiones y el cuestionamiento de su instrucción. Ya se dio de baja en 2018, en este caso por enfermedad nerviosa, y volvió.

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