Es la cuadratura del círculo de la utilización partidista de las instituciones. Primero el Gobierno anunció que no se podía ejecutar los anticipos a cuenta a las Comunidades Autónomas estando en funciones porque era ilegal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a citar un informe de la Abogacía del Estado que luego reconoció que no existía y se realizó ad hoc argumentando jurídicamente la imposibilidad de realizarlo.
Hace exactamente una semana la titular de Hacienda envió a las Comunidades Autónomas una carta explicándoles que había "restricciones importantes" para realizar esas entregas a cuenta, como informa el diario EL MUNDO, por su condición de Gobierno en funciones pero hace dos días, el pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un mitin del PSOE en Zaragoza que "este Gobierno en funciones va a cumplir con las Comunidades Autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre".
Un anuncio del Gobierno en un acto de partido que suscitó varias preguntas. Primero, cuál era la fórmula pensada y cuándo la había encontrado el Ejecutivo que enarboló el informe de la Abogacía que prohibía su ejecución; segundo, cuándo se encontró la fórmula y si el ministerio de Hacienda la ocultó para que el presidente pudiera anunciarla en un mitin del PSOE apenas cinco días después de la carta enviada por Montero a las CCAA; y tercero, si estamos ante un uso electoralista más del Gobierno a tenor de las críticas surgidas entre los presidentes autonómicos del PP, como Madrid, Castilla y León y Murcia que tachan de "vergonzoso e infame" el nuevo "uso electoralista de los fondos públicos".
Preguntas a las que no ha dado respuesta este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien -sin quererlo-, ha admitido que la fórmula anunciada por Pedro Sánchez no está cerrada: "El Gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo pero es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre".
Una confianza que se aleja de la seguridad manifestada por el presidente del Gobierno en funciones y que no explica su origen en el cómo y en el cuándo: si, como publica el diario EL MUNDO, María Jesús Montero, ocultó los resquicios legales que le permitirían pagar a los territorios para que el presidente pudiera colgarse una medalla en un acto de partido.