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¿Qué es y para qué sirve el Tribunal de Cuentas?

Es un órgano de control reconocido en la Constitución Española encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público

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Es un órgano de control reconocido en la Constitución Española encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público
Sede del Tribunal de Cuentas | Flickr CC Jose Javier Martin Espartosa

El Tribunal de Cuentas es un órgano de vital importancia para controlar y fiscalizar las cuentas públicas. Es reconocido en los artículos 136 y 153.d. de la Constitución Española de 1978 como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. Depende de las Cortes Generales y examina y comprueba la Cuenta General del Estado.

El tribunal disfruta de plena independencia, al igual que los miembros que lo componen. Su función fiscalizadora consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera. Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.

Este organismo también se ocupa de enjuiciar la responsabilidad contable en qué incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación mediante el recurso de casación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital destacan la "evolución y el esfuerzo" de este organismo por ponerse al día y terminar con el Sambenito de que es un tribunal que "siempre llega tarde", incluso con muchos años de retraso, para fiscalizar y denunciar las irregularidades en las cuentas públicas.

En este sentido, estas mismas fuentes aseguran que hoy en día, "el Tribunal de Cuentas es capaz de estudiar denuncias actuales de inmediato". Respecto a las cuentas públicas que analizan, siempre existe un intervalo de un año, ya que es el periodo de tiempo que tarda la respectiva institución en cerrar el ejercicio y remitírselo al tribunal. Es decir, en el año 2019, el Tribunal de Cuentas analiza el ejercicio 2018.

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales de sus respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para fiscalizar la totalidad del sector público español. No obstante, el enjuiciamiento contable es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas.

Composición del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas está compuesto por diversos órganos que responden a la naturaleza de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional : el presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. El Interventor y el Servicio Jurídico del Estado tienen el carácter de órganos de apoyo y de otros órganos que actúan en el Tribunal.

El Pleno del Tribunal de Cuentas está integrado por los 12 consejeros de Cuentas –uno de los cuales será el presidente– y el fiscal del Tribunal de Cuentas. El secretario general ejerce las funciones de secretario del Pleno, con voz pero sin voto, y redacta las actas, que recogen el resultado de las deliberaciones y los acuerdos que se adopten.

El Pleno se reunirá, al menos, una vez dentro de cada mes, excepto en agosto, así como en las convocatorias extraordinarias que efectúe el presidente, con causa justificada, o cuando lo soliciten tres miembros del Pleno. El quórum para su válida constitución será de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, salvo en los casos en que la Ley exija una mayoría cualificada.

La presidenta del Tribunal de Cuentas es María José de la Fuente y de la Calle y los consejeros del tribunal son Javier Medina Guijarro; José Manuel Suárez Robledano; María Antonia Lozano Álvarez; Manuel Aznar López; Enriqueta Chicano Jávega; Felipe García Ortiz; Margarita Mariscal de Gante y Mirón; Ramón Álvarez de Miranda García; Ángel Antonio Algarra Paredes; María Dolores Genaro Moya. Por su parte, Miguel Ángel Torres Morato es el fiscal y Esther Riquelme Mas la secretaria del Pleno.

El Tribunal de Cuentas y el 1-O

El Tribunal de Cuentas juega un papel fundamental para recuperar el dinero público malversado durante el golpe del 1-O en Cataluña. Por ello, ha citado el próximo 28 de enero al expresidente de la Generalidad fugado, Carles Puigdemont, y al exvicepresidente condenado por el referéndum ilegal, Oriol Junqueras.

La decisión es consecuencia de las denuncias presentadas por la Fiscalía y por las asociaciones Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, en las que se apunta a "la existencia de diversas salidas de fondos de la Generalidad de Cataluña, destinados a afrontar los gastos para la realización del referéndum ilegal".

El tribunal requerirá ahora a los demandados que paguen o avalen la cantidad total de lo gastado para el 1-O y, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes. La denuncia de la Fiscalía no fija una cantidad concreta, aunque sí recoge diversas facturas y partidas que suman en total más de ocho millones de euros.

Junto a Puigdemont y Junqueras, también han sido citados los exconsejeros, Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros. El Tribunal de Cuentas activa de esta forma el procedimiento para establecer la responsabilidad contable del 1-O y reclamar la desviación de fondos públicos, probada después de que el Supremo condenara por malversación a los líderes golpistas.

Recordamos que en noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas ya condenó a Artur Mas y a otros nueve miembros del Gobierno catalán a pagar 4,9 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N.

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