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El Consejo de Estado exige al Gobierno que legisle para evitar el estado de alarma

El órgano consultivo señala que la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública está obsoleta.

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El órgano consultivo señala que la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública está obsoleta.
El Congreso casi vacío durante el Pleno para la prórroga del estado de alarma. | Pool

El Consejo de Estado ha aconsejado al Gobierno la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sanitaria que, entre otras cosas, sirve a los Ejecutivos autonómicos como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia de coronavirus, cuando no está vigente el estado de alarma.

Se trata, en concreto, de la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyo contenido entienden que "podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública".

Así lo pone de manifiesto el principal órgano consultivo del Gobierno en un dictamen que le remitió el pasado 22 de marzo para asesorarle sobre la conveniencia de interponer un recursos de inconstitucionalidad a la reforma de ley de salud gallega impulsada recientemente por el Ejecutivo autonómico de Alberto Núñez Feijóo —el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada interponer dicho recursos—.

En su dictamen, el Consejo de Estado entiende que sí es procedente llevar al Tribunal Constitucional la citada norma autonómica al entender que, por ejemplo, sobrepasa los límites en asuntos como la vacunación obligatoria. No obstante, este órgano también aprovecha para señalar la necesidad de modernizar esa legislación sanitaria estatal ya que, según reconoce, "no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura".

Una ley de "hace casi 40 años"

En este sentido, señalan que se trata de una norma que se implementó "hace casi cuarenta años", y que "contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas".

"Podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes", reconoce el Consejo de Estado en su informe, recogido por Europa Press.

El dictamen, publicado en el BOE de ayer, señala que "con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir" que el texto de la Ley de Salud Pública "podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción". El objetivo de esa adecuación, indica el Consejo de Estado, sería "proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública".

La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública data de 1986 y exige someter a control judicial las directrices que aprueben los gobiernos autonómicos. Precisamente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propuso una reforma de esta ley para dotar de seguridad jurídica las decisiones de los presidentes autonómicos en la lucha contra la pandemia.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Consejo de Estado da la razón a la postura de su partido, que exige un "plan B jurídico" para rellenar el vacío que dejará el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Casado ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentarse a negociar para tramitar con urgencia, en un plazo de 15 días, una alternativa jurídica. Fuentes del PP recalcan que el informe del Consejo de Estado es clave para que el Gobierno rectifique y les escuche. El PP defiende que su texto, que ya rechazó el Congreso, permitiría aprobar restricciones sin arbitrariedad en el aval de los jueces.

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