Podemos asignó tres escoltas ilegales a Pablo Iglesias y otros tres a Iñigo Errejón. Iglesias decidió abandonar la política el pasado 4 de mayo tras la debacle de su candidatura en las elecciones autonómicas de Madrid, mientras Errejón rompió con la formación morada en enero de 2019 para fundar y liderar el partido Más País.
Libertad Digital publica en exclusiva un informe interno sobre la matriz de riesgo del partido elaborado en el 2017 por el entonces responsable de Cumplimiento Normativo, Raúl Carballedo, que detalla la asignación de los 6 empleados de Podemos como escoltas de Iglesias y Errejón. Dicho informe tenía por objetivo "dar conocimiento a la Secretaría General de forma periódica sobre situaciones que conlleven riesgo legal, su tratamiento y/o solución, así como de los asuntos que se consideren que puedan tener relevancia organizativa".
Según este informe interno de Podemos, "el Departamento de Seguridad se encuentra formado por un director de Seguridad, Sergio Illanes, el cual es es el responsable de Seguridad de Podemos Estatal. Del Departamento de Seguridad dependen dos áreas, el área de Logística Transporte y el área de Recepción. El área de Logística Transporte es el encargado de realizar los desplazamientos de los dos principales portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón".
A continuación, el documento desglosa el equipo de escoltas ilegales que el entonces director de Seguridad del partido asignó a Iglesias y a Errejón, respectivamente:
Equipo LT (Logística Transporte) de Pablo Iglesias:
- David Rodríguez (cursando escolta)
- Elena González (escolta titulada)
- Eduardo García (sin incorporación por el momento)
Equipo LT (Logística Transporte) de Íñigo Errejón:
- Andrés Merino (cursando escolta)
- Victor Martins (escolta titulado)
- Carlos Martín (cursando escolta)
Fuentes del entorno de Podemos consultadas por LD sostienen que "el partido, ya que incumplía la Ley de Seguridad Privada al no contratar a los escoltas a través de una empresa habilitada, intentaba que, por los menos, los empleados que realizaban estas funciones de seguridad y protección obtuvieran el título de escoltas. El objetivo era ganar tiempo para legalizar a los escoltas en caso de ser descubiertos". Por eso, se añade a los nombres de los escoltas asignados a Iglesias y Errejón entre paréntesis las palabras "cursando escolta" o "escolta titulado".
Las mismas fuentes consultadas sostienen que esta asignación de escoltas a Iglesias y a Errejón se realizó porque "eran los líderes del partido y los dos dirigentes más mediáticos". "Si Iglesias tenía un acto en solitario, los tres escoltas de Errejón se podían sumar al grupo inicial asignado al líder de Podemos y realizaban las mismas tareas de seguridad", añaden.
Cabe destacar que una de las escoltas de Iglesias, Elena González, fue asignada posteriormente a su pareja y actual ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la salida abrupta de Errejón del partido. Posteriormente, dicha empleada fue despedida tras denunciar previamente que estaba siendo utilizada por Montero como su "asistente personal".
Según la escolta, la ministra de Igualdad le obligaba a hacer tareas que no estaban relacionadas con su labor de seguridad. Entre ellas, "hacer compras personales como productos de parafarmacia y droguería para bebés, adelantar su horario de entrada para que el habitáculo del coche estuviera caliente o hacer de chófer de la empleada doméstica, de la niñera y de familiares". Montero despidió a su escolta cuando ésta le exigió regularizar su situación laboral ya que no soportaba ser "su recadera", ni que "la tratara de forma humillante".
El equipo de Asuntos Internos manipuló informes
Tal y como desveló este diario, el equipo de Asuntos Internos de Podemos ordenó manipular este informe para camuflar la existencia de escoltas. Concretamente, se eliminó del informe la siguiente frase que demostraba el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada: "Esta función le corresponde a un escolta, debido a las principales funciones que desarrollan: acompañamiento, defensa y protección de personas".
El artículo 38 de la Ley de Seguridad Privada establece que "los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada. Los vigilantes de seguridad, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados". El incumplimiento de dicha ley puede acarrear sanciones administrativas de hasta 600.000 euros.