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La Fiscalía pide imputar al tesorero y a la gerente de Podemos en el caso de la niñera-asesora de Montero

La Fiscalía rechaza la imputación de Pablo Iglesias porque "no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente su participación".

La Fiscalía rechaza la imputación de Pablo Iglesias porque "no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente su participación".
Irene Montero con su bebé | EFE

La Fiscalía de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 46 de la capital la imputación del tesorero y de la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Val, en el caso de la niñera-asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Según el Ministerio Público, "en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) así como en el de administración desleal, ambos fueron los que ordenaron el pago". Por ello, solicitan al titular del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, José María Escribano, que declaren como imputados el próximo 14 de julio junto a la niñera-asesora de Montero, Teresa Arévalo.

La Fiscalía rechaza en el mismo escrito la imputación de Pablo Iglesias porque "de los hechos relatados en el escrito remitido por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija de Pablo Iglesias".

Por último, la Fiscalía rechaza que el Juzgado solicite las actuaciones del juzgado de lo social nº 3 de Madrid en relación al despido improcedente de la escolta de Irene Montero que la ministra de Igualdad utilizaba como criada. "En relación a las actuaciones del Juzgado de lo Social nº 3 de Madrid, no procede dado que son hechos que no están siendo investigados en este procedimiento. Y ello por cuanto en el escrito de la Sra. Carmona no se aportaba ningún principio de prueba más allá de informaciones en un medio digital. En este sentido, los indicios referidos están siendo objeto de otro procedimiento, por lo que si el juzgado de lo Social observa indicios de delito, deducirá el correspondiente testimonio".

Recordamos que, al ser ministra, Irene Montero está aforada ante el Tribunal Supremo por lo que en caso de confirmarse los indicios de delito de administración desleal que ha apreciado a priori el instructor, tendría que elevar las diligencias mediante exposición razonada.

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