El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha descartado revisar la sentencia que condenaba a España por vulnerar el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los derechos a un juicio justo y a una asistencia legal, dando la razón al etarra Xavier Atristrain, que acudió a Estrasburgo acusando a la justicia española de no dejarle elegir abogado mientras estaba en régimen de incomunicación.
España fue condenada a indemnizar a Atristain con 12.000 euros por daños morales y 8.000 por gastos y honorarios. Además, el etarra fue puesto en libertad.
Ahora, otros terroristas podrían seguir su ejemplo: esta misma semana, la ex jefa de ETA Iratxe Sorzabal ha pedido al Tribunal Supremo que le aplique la ya bautizada como doctrina Atristain alegando que estuvo privada de abogado de su elección cuando declaró en sede policial. La terrorista, según fuentes jurídicas, reclama que se revoque la sentencia que la condenó a 24 años y medio de prisión por dos atentados en Gijón, Asturias.
Mientras, el entorno de ETA está presionando al Ejecutivo utilizando el fallo: el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha opinado que la condena europea a España constituye una "oportunidad" para "dar una solución justa y razonable a la cuestión de los presos" de la banda terrorista.
Arkaitz Rodríguez, quien ha comparecido este miércoles acompañado por el propio Atristain y por el abogado de este, Zigor Reizabal, ha asegurado que la decisión del TEDH constata que el régimen de incomunicación que se aplicó al detenido vulneró sus "derechos fundamentales" de defensa y a un proceso judicial "justo y equitativo".
También ha alegado además que este mismo régimen fue aplicado "de forma sistemática y generalizada" a "miles" de arrestados en el País Vasco que vieron "vulnerados" sus derechos, lo que ha llevado a que todavía hoy haya "decenas de 'Xabier Atristain'" en las cárceles, de manera "injusta e indebida", que deben ser "reparados" y ser puestos en "libertad".
Mientras, las víctimas han alertado de la posibilidad de una excarcelación masiva y ya se están movilizando en los tribunales. La AVT ha presentado un escrito al Supremo en el que se pronuncia sobre la petición de Sorzabal y pide al tribunal que la inadmita. En el escrito, destacan que las declaraciones en sede policial no se tuvieron en cuenta como prueba ni por las acusaciones ni por los jueces.