La Ley de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del solo sí es sí, avanza hacia el Senado después de que este jueves la izquierda haya apoyado la norma en el Pleno del Congreso, con el rechazo de PP y VOX. Culmina así el periplo de esta ley tras su aprobación hace un año en consejo de ministros.
Por el camino ha habido polémicas y modificaciones, la última la semana pasada cuando el PSOE casi la hizo descarrilar al exigir, sin éxito, que incluyera la abolición de la prostitución. Pero se mantiene en el pilar de esta norma, el concepto de consentimiento, que decidirá cuándo existe agresión sexual o no.
"Hoy es un día muy importante para las mujeres de nuestro país; el solo sí es sí, el hermana yo sí te creo por fin se convierten en una ley; la libertad sexual, por fin, va a ser un derecho en nuestro país, y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo", ha sentenciado Irene Montero durante su intervención que ha cerrado el debate.
La ministra ha advertido de que la libertad sexual de las mujeres será una realidad a pesar del "ruido reaccionario" de la extrema derecha, de los agresores y de la "justicia patriarcal": "Ustedes hacen mucho ruido, pero les demostramos que las feministas somos más", ha subrayado.
Reproches al PSOE
Montero ha agradecido a los grupos el apoyo y que hayan tenido un debate "honesto y riguroso", pero ha lamentado que el PSOE en su intervención de este jueves a través de la diputada Laura Berja "no haya reflejado el enorme trabajo" realizado para sacar adelante la norma.
Y es que Berja ha criticado que la ley finalmente excluya el castigo al proxenetismo y que su grupo tuviera que retirar la enmienda socialista, en la pasada Comisión de Igualdad, dirigida a abolir la prostitución para que pudiera salir adelante con los apoyos de los socios del Gobierno en el Congreso.
Estas son algunas de las claves de una de las normas estrella de Irene Montero:
Consentimiento "en positivo"
Según establece la ley de "sólo sí es sí", "será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". La esencia del proyecto se mantiene pese a polémicas como los demoledores informes en contra del CGPJ y otras instituciones, que se quejaron, entre otras cosas, de lo difuso de esos actos que servirán para decidir si hubo agresión o no. "Se alteran de forma sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal", avisó el órgano de gobierno de los jueces, en alusión a las dificultades para el acusado de probar el consentimiento.
Sin distinción entre abuso y agresión
Otra de las claves de la norma es que desaparece del Código Penal el concepto de abuso sexual, en el que no hay violencia o intimidación. La nueva norma de Montero establece que considerará agresión sexual todos los actos "que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento" y partiendo de esta premisa, se establece una gradación en las penas en función de determinados agravantes, como que exista parentesco, que se utilicen armas, que se efectúe por parte de dos o más personas o que vaya "precedida o acompañada de una violencia extrema". En cuanto al delito de violación, definido como "el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", el delincuente se enfrentará a penas de entre cuatro a doce años de prisión que podrían llegar a quince en función de los agravantes.
Irene Montero celebraba este miércoles al respecto que la Justicia no podrá "distinguir entre abuso y violación" dependiendo de si la mujer ha presentado o no resistencia a su agresor. Según la ministra, el proyecto significa liberar a las mujeres de "tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o te sentiste intimidada" y reconoce "el grito del movimiento feminista del 'hermana yo sí te creo'".
"Formación", acoso callejero...
Además de estas cuestiones, la ley incluye otros detalles relevantes dentro de su objetivo de luchar contra "las violencias sexuales". La exposición de motivos está llena de referencias al "patriarcado", al "orden patriarcal" y a una "cultura sexual arraigada en patrones discriminatorios" que, dice, "debe ser transformada" desde "la esfera de lo público, como una cuestión de Estado".
- El delito del "acoso callejero" se incluye en la ley del "sólo sí es sí", que señala que será multado o condenado a trabajos en beneficio de la comunidad "quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".
- Publicidad "vejatoria": la norma señala que se considerará "ilícita" la publicidad que presente a la mujer "de forma vejatoria". Incluye aquellas campañas que utilicen "particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar", o presenten la imagen de la mujer "asociada a comportamientos estereotipados" que puedan ayudar a generar "las violencias" a las que alude la ley de Violencia de Género. Por otro lado, se contemplan distintas campañas de concienciación, incluidas campañas "dirigidas específicamente a hombres, adolescentes y niños para erradicar los prejuicios basados en roles estereotipados de género".
- Enfoque de género en todo: la ley establece que en todas las administraciones públicas se incluirá " un enfoque de género fundamentado en la comprensión de los estereotipos y las relaciones de género". También se señala que se promoverán políticas de igualdad y "para el empoderamiento de las mujeres y las niñas".
- Los periodistas, en el punto de mira: la ley señala que los poderes públicos "promoverán, respetando en todo caso la libertad de expresión" medidas para prevenir "las violencias sexuales" en el ámbito de la comunicación y la posible "apología de estas conductas". En este punto, incluye una "formación del personal de los medios de comunicación con el fin de capacitarlo para informar sobre las violencias sexuales con objetividad, sin estereotipos de género, con pleno respeto a la dignidad de las víctimas y su derecho a la libertad, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de datos". Además, se establece que las carreras relacionadas con los medios de comunicación incluirán "contenidos dirigidos a la sensibilización y formación en materia de violencias sexuales, con particular atención a los estereotipos de género y a los derechos de las víctimas".
- También se alude a la formación de sectores como funcionarios, policías, forenses o militares, y se menciona la "formación en la carrera judicial y fiscal". La norma destaca cómo Justicia garantizará que en el temario para acceder a la carrera judicial "se incluyan temas dedicados a la igualdad y la no discriminación por razón de género, y en especial, a la protección integral contra todas las violencias sexuales".
- La acreditación de "víctimas de violencias sexuales": la víctima lo podrá acreditar mediante sentencia condenatoria, orden de protección, medidas cautelares o informes fiscales, pero también "mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en la legislación sectorial que regule el acceso a cada uno de los derechos y recursos". La acreditación da acceso a las ayudas que estipula la ley, económicas, de acceso a la vivienda, etc.