El Gobierno de Pedro Sánchez planea dar un 'golpe' institucional en el Tribunal Constitucional para colocar a los dos magistrados que le corresponden designar en esta renovación. El pasado domingo expiró el mandato de cuatro magistrados del Alto Tribunal: el actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano (conservador) y los magistrados Antonio Narváez (conservador), Santiago Martínez-Vares (conservador) y Juan Antonio Xiol (progresista).
La renovación del TC depende a su vez de la renovación previa del Consejo General del Poder Judicial, ya que el Ejecutivo debe nombrar a dos magistrados y el CGPJ a otros dos. No obstante, el Gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes no puede realizar nombramientos en funciones tras la Ley impulsada por el PSOE y Podemos.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Ejecutivo planea recusar a los 4 magistrados salientes (3 conservadores y 1 progresista) a través de los dos nuevos magistrados que proponga. Dicha recusación debería ser votada en el Pleno del TC y obviamente, los recusados no podrían participar. Esto supondría que habría mayoría progresista en la votación y la recusación saldría adelante. Nunca se ha pedido la recusación de los magistrados salientes antes de votar la idoneidad de los nuevos".
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que tras aprobarse la recusación de los 4 magistrados salientes, "el Pleno del TC con mayoría progresista sí avalaría la incorporación de los dos magistrados elegidos por el Gobierno sin esperar a que el CGPJ se renueve y elija a los otros dos restantes".
"Sería un golpe institucional nunca visto en el Tribunal Constitucional. Aunque pensemos que es una barbaridad judicial, ya creímos en el pasado que el Gobierno no se atrevería a prohibir al CGPJ realizar nombramientos en funciones, finalmente, sacó adelante una Ley para hacerlo", añaden.
La composición actual del Pleno del TC es de 6 magistrados conservadores y 5 progresistas, ya que el magistrado conservador Alfredo Montoya se encuentra enfermo. Si se plantea la recusación de los 4 magistrados salientes, sólo 4 progresistas y 3 conservadores decidirían sobre la citada recusación. Posteriormente, el Pleno con la citada mayoría progresista avalaría la incorporación de los dos magistrados designados por el Gobierno.
En las últimas semanas, los ministros de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y Pilar Llop, amenazan con la posibilidad de que el Ejecutivo elija unilateralmente a los dos magistrados que le corresponden en esta renovación del TC. Llop afirmaba este mismo lunes que ve "bastante viable" la posibilidad de que el Gobierno nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden
Tal y como publicó este diario, el bloque conservador del Constitucional impediría en el Pleno la incorporación de sus dos magistrados propuestos si no se nombra a los otros dos magistrados que corresponden al Consejo General del Poder Judicial, como exige la Carta Magna. Por ello, el Ejecutivo planea la recusación de los 4 magistrados salientes y así dejar fuera de la votación a 3 magistrados conservadores y conseguir mayoría progresista.
La Constitución no permite renovar sólo a 2 magistrados
El artículo 159 de la Constitución señala que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres, siendo nombrados por el Rey cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".
En este contexto, el Constitucional sólo se podría renovar de tres formas. En primer lugar, con la renovación previa del CGPJ acordada por el PSOE y el PP. En segundo lugar, por una proposición de Ley que sería la forma más rápida de tramitar una modificación de la Ley impulsada por Ejecutivo que impide los nombramientos del CGPJ en funciones y que permitiera únicamente la designación de los magistrados del TC. La última posibilidad pasaría por que el propio Constitucional resolviera el recurso presentado por PP y Vox contra la citada Ley de nombramientos impulsada por el Gobierno para anularla completamente y declararla inconstitucional.