La presidenta del Parlament y de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, afrontará en su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una petición de cárcel de la fiscalía por el delito de falsedad documental, penado con entre tres y seis años de prisión e inhabilitación. La Fiscalía también le acusa en su escrito de prevaricación, delito penado sin cárcel pero con una inhabilitación que oscila entre los nueve y los quince años.
Sin embargo y a diferencia del juez instructor, Jordi Seguí, el ministerio público exime a la dirigente independentista de los cargos de malversación y fraude, ambos penados con un mínimo de dos años y un máximo de seis años de prisión, lo que habría comportado un incremento de la petición de cárcel, según avanza este miércoles El Periódico de Catalunya.
Tras el escrito de Fiscalía, que se interpreta como un capotazo a la presidenta de la cámara catalana, sólo resta que el TSJC fije la fecha para la celebración del juicio, lo que según el reglamento de la institución parlamentaria debería provocar la suspensión de Borràs como presidenta. Sin embargo, la también presidenta de JxCat se niega a cesar ni siquiera de forma temporal, tal como le exigen sus socios de ERC.
A Borràs se la juzgará por haber fraccionado contratos a favor de un amigo (Isaías Herrero, condenado por narcotráfico y por falsificación de billetes) cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILP), entre 2013 y 2017. En concreto se han investigado 18 contratos menores por un monto de 330.000 euros de los que el amigo de Borràs llegó a cobrar casi 310.000.
El juez instructor considera que Borràs abusó de sus funciones y dictó resoluciones injustas a sabiendas y de manera continuada. También da por probado que Borràs y Herrero simularon una concurrencia de ofertas a fin de eludir los controles contables.