Pedro Sánchez no tiene amarrado su asalto al Tribunal Constitucional. Pese a haber retorcido las leyes para lograr imponer una renovación teledirigida de magistrados en el TC que le otorgue el control del organismo, hoy por hoy, nueve de los vocales del Poder Judicial que deben aceptar en última instancia la maniobra del PSOE no están por la labor. Y esos nueve juristas garantizan un bloque que puede impedir la estrategia socialista dirigida a amoldar el Constitucional a las exigencias de ERC y Bildu.
El plan de asalto al Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez, en estos momentos, no cuenta con los apoyos suficientes. La maniobra socialista-comunista era simple: un tercio de los doce magistrados del TC debían renovarse en estos instantes: cuatro magistrados. Ese tercio es mixto: está compuesto por dos magistrados que debe impulsar el Gobierno y otros dos que debe plantear el Consejo General del Poder Judicial. Pero se deben elegir los cuatro en un mismo pacto, en un mismo acto.
Para ello, los dos magistrados que corresponden al Poder Judicial deben contar con respaldo expreso en el pleno de este próximo jueves. Y ese consenso mínimo no existe en estos instantes: al menos nueve vocales del Poder Judicial han confirmado ya internamente que no están por la labor de prestarse a una maniobra teledirigida por el Gobierno. ¿Por qué? Pues porque no aceptarán un pacto pensado exclusivamente para permitir el nombramiento de los otros dos magistrados que designa el Gobierno. Y es que con esos dos nombramientos elegidos por el equipo de Pedro Sánchez, la izquierda pasaría a controlar el TC.
Hay que recordar que la renovación de ese tercio del Constitucional se ha convertido en un festival de presiones gubernamentales. Hace ya meses que el presidente del Gobierno se refirió a las intenciones del Ejecutivo de abordar la renovación del Tribunal Constitucional en una maniobra que le diera el control de la institución.
Ese plan de asalto contó incluso con una reforma legal ad hoc para permitir que el CGPJ pudiera hacer sólo los nombramientos del TC pese a estar en funciones. Y pese a haber sido el propio Gobierno el que legisló previamente la imposibilidad de hacer nombramientos estando en funciones.
El CGPJ se reúne este 8 de septiembre para debatir sus dos nuevos nombres en el Constitucional, pero el profundo malestar que ha creado en la institución la última maniobra del Gobierno ha inclinado las voluntades mayoritarias hacia la imposibilidad de un consenso para el nombramiento de los cargos de renovación del TC.
Sánchez ha trasladado en este periodo sus presiones incluso al ámbito internacional: desde Albania, recientemente aseguró que estaba "convencido de que el CGPJ cumplirá con la ley" y "dará los nombres y una propuesta" para la renovación del Constitucional. "Desde luego, el Gobierno lo hará en el mes de septiembre", dijo en alusión a los dos nombres que dependen del Ejecutivo.
Y es que a nadie se le olvida que los socialistas han impulsado de forma urgente una reforma tendente exclusivamente a un objetivo: que el CGPJ nombre a sus magistrados en el TC para permitir que el resto de ese tercio de renovación —los del Gobierno— pueda ser impulsado por Sánchez.
Para el PSOE, el control del TC es muy importante. Los socialistas saben que las exigencias de ERC y Bildu no tienen cabida en la Constitución Española. Y, por lo tanto, al no contar con mayorías ni fuerza para impulsar una reforma constitucional, sólo disponen de un camino para impulsar los avances hacia el separatismo: forzar la interpretación constitucional para albergar las exigencias de Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras. Para eso necesitan controlar al arbitro de la Constitución. Y es que, en caso contrario, Sánchez puede tener un problema con los apoyos de Bildu y ERC a su Gobierno.