El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, Rafael Mozo, se convertirá previsiblemente este jueves en el sustituto de Carlos Lesmes al frente del Gobierno de los jueces. Mozo es el vocal del Consejo de mayor edad y el próximo mes de marzo tendrá que jubilarse.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "Rafael Mozo es un hombre de la máxima confianza del magistrado del Tribunal Constitucional y jurista de referencia del PSOE, Cándido Conde-Pumpido. Su amistad viene de lejos, ya que el padre de Conde-Pumpido, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, preparó las oposiciones a juez de Mozo".
Cabe destacar que los ‘tentáculos’ de Conde-Pumpido en el CGPJ no se limitan a su amistad con Mozo, ya que la magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y vocal del Consejo, Clara Martínez de Careaga, es su esposa. Tal y como publicó LD, Martínez de Careaga ha apoyado con firmeza la elección del magistrado José Manuel Bandrés para el TC, ya que éste votaría a favor de la presidencia de Conde-Pumpido en el Tribunal de Garantías.
Rafael Mozo es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018. Hasta entonces y desde 1998, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha estado destinado en San Felíu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y Madrid.
Siendo presidente de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, Mozo hizo pública una sentencia que condenaba a 17 años de prisión a Ricardo Guerra, que debía además 20 millones a los padres y 10 a la novia de Aitor Zabaleta, el seguidor de la Real Sociedad al que Guerra asesinó el 8 de diciembre de 1998.
En agosto de 2012, el magistrado fue noticia al rebajar de 200 a 150 euros la multa impuesta a una joven que había robado una cazadora en un establecimiento de El Corte Inglés y que alegó que la pena impuesta era excesiva porque estaba en situación de desempleo.
Mozo destacó en su escrito que, aunque hubo una falta intentada de hurto, el efecto sustraído fue recuperado y entregado a su propietario, por lo que no había motivos para imponer a la mujer, en paro, una pena superior a la mínima legal establecida en el Código Penal, es decir, 30 días de multa, y no los 40 que se le impusieron.
Rafael Mozo es miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y fue uno de los vocales progresistas del CGPJ que se enfrentó públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez y defendió seguir nombrando a jueces a pesar de estar en funciones. "Es una responsabilidad", apuntó Mozo al respecto.